Un grupo de acreedores de la agroexportadora Vicentin logró que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe aceptara un recurso de “queja por inconstitucionalidad”, y el concurso judicial por US$ 1500 millones quedó en suspenso, pese a que la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó el acuerdo de pago aceptado por mayorías, en marzo pasado.
El concurso lleva más de 4 años de idas y vueltas, que en 2020 incluyó masivas movilizaciones en rechazo a la intervención de la compañía por parte del gobierno de Alberto Fernández. Los últimos pasos relevantes fueron cuando el juez Fabián Lorenzini rechazó, en septiembre de 2023, la propuesta tras considerar que ese plan distribuye “en forma desigual” el esfuerzo derivado de la reestructuración del pasivo concursal.
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Por ello, el acuerdo de acreedores que alcanzó Vicentin el año pasado no fue homologado en primera instancia. Sin embargo, la agroexportadora apeló y logró que en segunda instancia la Cámara de Reconquista lo homologue. Tras esa resolución, el referido grupo de acreedores presentó el “recurso de inconstitucionalidad” que primero la Cámara rechazó. Por eso recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Santa Fe, que acaba de atender ese reclamo con 5 de 6 votos de los miembros del máximo tribunal.
Los jueces Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Mario Netri y Eduardo Spuler resolvieron “admitir la queja interpuesta” por Comodities SA, en nombre del Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, en tanto María Angélica Gastaldi votó en disidencia.
Se consideró que “Comodities SA fundó sus alegaciones en la supuesta restricción de derechos y garantías constitucionales en las que habría incurrido el Tribunal” y en el material impugnativo expresa que el régimen concursal se apoya en el principio de la par conditio creditorum, que impone que los acreedores participen de manera igualitaria de la distribución de las pérdidas”.
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En ese sentido, “en los procesos de ejecución colectiva dicho axioma opera de dos formas, por un lado, regula la relación del deudor con sus acreedores impidiendo que aquél otorgue ventajas a unos en perjuicio de los demás y, por el otro, actúa sobre la relación de los acreedores entre sí, al prohibir que se aventajen entre ellos dentro del ámbito del concurso”.
También expuso que “Vicentin SAIC no hizo uso de ninguna de las alternativas legales previstas para atenuar el mentado principio y que, en su lugar, ofertó a todos los acreedores quirografarios reunidos en una única categoría un pago igualitario de U$S 30.000 (dólares estadounidenses treinta mil) -o suma menor verificada- sin distinción sobre el monto de sus créditos, a los que –alega luego se adicionarían pagos a prorrata y sujetos a eventuales contingencias”.
Así, “los acreedores con sumas idénticas o inferiores al monto referido conseguirían la satisfacción de la totalidad de sus créditos en un único pago; mientras que aquellos que cuentan con acreencias mayores padecerían una quita sustancial, percibiendo -dice- (en cuotas) en muchos casos no más del 15 % (quince por ciento) neto en doce años”.
Inquietud por la solvencia financiera de Vicentin
En los últimos meses, se esperaba que el caso concluyera próximamente con el acuerdo de pago homologado. El 28 de agosto de 2024, se realizó una audiencia sobre el Concurso de Acreedores de Vicentin SAIC, conducida por Lorenzini, en los Tribunales de Reconquista.
Y el 31 de agosto el magistrado finalizó formalmente la intervención en Vicentin y explicó “ya cumplió la finalidad que tenía”, que era “normalizar y controlar de cerca situaciones que nos habían llamado mucho la atención y que habían sido muy irregulares”.
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El evento reunió a un amplio espectro de participantes, incluidos representantes de la firma en default, potenciales compradores como Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y miembros del comité de acreedores.
El juez dijo que “quedaron certezas para entender hacia dónde va la cosa” y que continuará la sindicatura y el monitoreo de su juzgado para asegurar el cumplimiento de las medidas necesarias. “Los interventores llevaban muchos años de trabajo y muchos informes hechos”, explicó.
“Después de todas las idas y vueltas que tuvo este expediente, nuestra preocupación era saber cuánta plata tenía Vicentin para seguir funcionando, cómo iban a pararse frente a un escenario de una cosecha gruesa que aparentemente no será de las mejores en el contexto internacional; y también, esperando que lleguen algún día esas inversiones de los compradores de la planta”, explicó.
Lorenzini remarcó que surgieron interrogantes significativos sobre el futuro de las plantas industriales de Vicentin ubicadas en el norte de Santa Fe.
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Estas plantas, que no forman parte del acuerdo de compra con Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), permanecen como una incógnita, una preocupación reiterada por el juez en su rechazo inicial de la homologación del acuerdo.
En la misma audiencia, se informó que los representantes de Vicentin están cerca de presentar un plan definitivo para el norte santafesino. El juez reveló que la empresa está en negociaciones con el Banco Nación para alcanzar un acuerdo que permita aumentar la producción en la planta de bioetanol en Avellaneda. “Esto sería por supuesto un alivio”, afirmó Lorenzini. Destacó que el Banco Nación es un “acreedor prioritario” de esa planta.
Lorenzini también mencionó un proyecto de ley en discusión que podría desregular el mercado de combustibles de origen vegetal. Según este proyecto, la producción de etanol, generado a partir de caña de azúcar y maíz, podría enfrentar una libre competencia sin cupos de la Secretaría de Industria y Comercio.
La situación laboral de los trabajadores
“No sé si es bueno o malo para Avellaneda”, comentó el juez, y reconoció la ventaja competitiva de la planta de bioetanol de Vicentin por su certificación europea y su uso de maíz. Lorenzini expresó que la planta de bioetanol en Avellaneda está produciendo de manera óptima y se espera que pronto se concrete un plan de trabajo más organizado. “Imagino que estarán esperando concluir esa negociación con el banco para plasmar esto en un proyecto a largo plazo”, señaló el juez.
El juez aclaró que, por el momento, no hay certezas sobre el futuro del personal de Vicentin en sus plantas industriales de Avellaneda. A pesar de la incertidumbre, aseguró que “en caso de despidos, el personal va a cobrar indemnización”. Subrayó que “eso está totalmente fuera de discusión” y está previsto por la ley laboral y la liquidación concursal.
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Explicó que el dinero necesario para estas indemnizaciones debe estar en un “fondo de maniobra” supervisado por la sindicatura, que actualmente está vacío, ya que no existen pasivos laborales.
Lorenzini destacó que Vicentin necesita “mucho capital de trabajo” para operar y que su única fuente de financiamiento es el alquiler de sus plantas, lo cual está garantizado hasta marzo de 2025. Esto asegura el flujo de dinero necesario para el pago de sueldos durante ese período.
Sobre los compradores, el juez aclaró que “Viterra, Bunge y ACA no aportarán dinero hasta que la homologación del acuerdo sea definitiva”.
