La investigación sobre el robo de 97 novillos al productor cárnico y exsenador Hugo Lesca reveló detalles que involucran a la familia Alsogaray, originaria de San Pedro, provincia de Buenos Aires, según informaron los investigadores.
El hecho de abigeato, que ocurrió en la provincia de Entre Ríos, comenzó a tomar forma con la denuncia del productor, quien alertó sobre la desaparición de su ganado en el campo que posee en las islas Lechiguanas.
Leé también: A un contratista le robaron dos cosechadoras y otras máquinas por $2600 millones y la Policía las recuperó
Las sospechas se centraron desde el principio en un puestero que trabajaba en el campo de Lesca, acusado de haber vendido las vacas de manera irregular al deportista olímpico Julio Alsogaray.
Según la investigación, el puestero habría utilizado el dinero de la transacción para adquirir un Toyota Corolla cero kilómetro, un detalle que resultó ser crucial para las autoridades.
Leé también: La agroexportación ingresó más de US$2480 millones en septiembre y en el año acumula un alza de 11%
Este vehículo, que estaba a su nombre, se convirtió en una de las piezas clave del rompecabezas que la Brigada de Abigeato de Gualeguay estaba tratando de resolver.
La investigación policial
Bajo las órdenes del comisario Álvaro Arellano, la brigada llevó a cabo un allanamiento en la isla de los Alsogaray, donde se encontraron 56 de las vacas robadas.
Este operativo fue el resultado de semanas de investigación que permitieron establecer un vínculo entre el puestero y el proceso irregular de comercialización del ganado, que se realizó sin la guía ni la documentación correspondiente de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
“Es inaceptable que existan estas prácticas en un sector que debe estar regulado y que juega un rol fundamental en nuestra economía”, declaró el comisario Arellano.
Leé también: A contramano de Chicago, la soja subió $5000 y cotizó a $310 mil por tonelada en el mercado argentino
A medida que avanza la investigación, los responsables buscan aclarar el papel del puestero y el grado de conocimiento que tenía Julio Alsogaray sobre la procedencia de los animales.
La venta de las 97 vacas robadas habría sido realizada a cambio de “una bolsa de dinero en efectivo”, superior a los $42 millones, aunque representaría menos de la mitad de su valor en el mercado oficial, dado que cada novillo pesa alrededor de 500 kilos.
La confirmación de que el puestero implicado adquirió un Toyota Corolla cero kilómetro aceleró el avance de la investigación, lo que llevó al juzgado a autorizar un operativo en la isla arrendada por Alsogaray, donde se sospechaba que se encontraban parte de los animales sustraídos.
Leé también: Cae el poder de compra del agro: se necesita un 40% más de granos para comprar una maquinaria
Durante el allanamiento, las autoridades llegaron con una orden de secuestro de ganado que incluía las marcas y señas de las vacas robadas a Lesca.
El mandamiento judicial estaba dirigido a Alsogaray, quien fue identificado como el comprador de los animales en la transacción irregular.
Pedro Alsogaray, quien presta servicios de pastaje a su hermano y a otros productores ganaderos de la zona, se mostró cooperativo con la Brigada de Abigeato, según señaló la policía entrerriana.
Para facilitar la investigación, puso a disposición personal a caballo que se sumó a las labores de búsqueda en la isla y demostró su compromiso con la resolución del caso de abigeato que involucra a su familia.
Leé también: “El campo no es un enemigo”: el Gobierno enfatizó que ve a la agroindustria como “aliado estratégico”
Su colaboración fue fundamental para coordinar el operativo y ayudar en la recuperación del ganado, remarcaron los investigadores.
El equipo de la Brigada de Abigeato, bajo el mando del comisario Arellano y con el apoyo de un helicóptero, llevó a cabo un minucioso recorrido por la isla durante dos días y medio.
Lograron localizar y secuestrar 56 de las 97 vacas robadas a Lesca.
Los animales recuperados fueron puestos a disposición del juzgado interviniente para su restitución al legítimo propietario, un paso importante en el proceso de esclarecer el delito y recuperar lo que corresponde al productor agropecuario afectado.
