Entidades del campo celebraron la decisión de la Comisión de la Unión Europea (UE) que pidió posponer por un año y rever la aplicación de la norma 1115/2023, respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado, la cual debía entrar en vigencia a partir del 1° de enero de 2025.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) recordó que desde un primer momento rechazó, de manera “categórica”, dicha imposición, tanto en ámbitos nacionales como internacionales.
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“No obstante, desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr. Ahora nuestro desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr una revisión integral de la normativa y/o su suspensión definitiva”, apuntó la entidad que preside Nicolás Pino e integra la mesa de enlace junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.
En tanto, Pino expresó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores”.
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que impulsa la plataforma Visec para que los productores argentinos puedan adaptarse a la normativa, apoyó la reprogramación de la implementación del reglamento europeo de libre deforestación.
“Ha sido un enorme esfuerzo de gobiernos y cadenas de valor. Ahora debemos buscar mesas de negociación para revisar algunos aspectos como la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques”, manifestaron las entidades que lidera Gustavo Idígoras y que representan un 48% de las exportaciones argentinas.
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El presidente CRA, Carlos Castagnani, evaluó: “La postergación de la normativa 1115 es en principio un alivio para los productores, que venían enfrentando una medida injusta que no consideraba la realidad de nuestras prácticas productivas y el esfuerzo por la sustentabilidad en el campo”.
“Desde CRA hemos defendido siempre que las normativas internacionales deben respetar las particularidades locales. La postergación de esta medida es un reconocimiento a nuestras demandas, pero seguiremos trabajando para que se tenga en cuenta el contexto del productor argentino”, expresó el dirigente.
Consultada por TN, la flamante presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, aseveró: “Desde FAA consideramos que la norma de la UE sobre deforestación nos condiciona y se convierte en una medida pararancelaria para nuestros productos, además de generar una carga para el productor argentino. Producimos de manera responsable, así que la postergación dispuesta ahora debería servirnos para poner en valor esa práctica, a través de una articulación público y privada que nos permita estar preparados para salir al mundo”.
Durante su participación de la reunion de Consejo de Administración con Consejeros de todas las economías del pais, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, también se refirió a la decisión que ha tomado la Comisión de la Unión Europea de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 sobre la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado.
“Como oportunamente solicitó nuestra entidad, para generar mesas de trabajo y seguimiento a este trascendental tema para nuestro país”, resaltó el dirigente sobre la decisión de la UE.
Pólemica y postergación
La exigencia de garantías de libre de deforestación de los productos a importar que la UE estableció, y debía comenzar a regir a partir de 2025, fue duramente cuestionada y rechazada desde distintos países y sectores productivos.
En el caso de la Argentina, implicaba una importante afectación a las exportaciones de carne vacuna y de soja. La medida sería la última señal de reacción negativa por el alcance de su programa medioambiental.
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En este marco, el bloque presentó un proyecto de enmienda para posponer 12 meses las normas que tienen como objetivo frenar la parte de la deforestación de la que la Unión Europea es responsable a través de sus importaciones de materias primas clave, como el café, el cacao, la soja y la carne vacuna.
La regulación de la UE debía entrar en vigencia el próximo 30 de diciembre y ha recibido el rechazo de distintas entidades del agro argentino, que se vería afectado al tener que dar garantías de libre deforestación en sus producciones de soja y de carne.
