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    Productores agropecuarios de San Andrés de Giles advierten por restricciones para granjas porcinas y avícolas

    Reclaman por el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, homologado en 2021 por la provincia de Buenos Aires. Dicen que genera la imposibilidad de expandir o vender sus instalaciones.

    Por 

    Leo Mirenda

    04 de septiembre 2024, 18:00hs
    Productores agropecuarios de San Andrés de Giles están en alerta debido a que el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), aprobado en 2021, impone restricciones que dificultan la expansión de granjas avícolas y porcinas. (Foto: Cristian Giacobone).
    Productores agropecuarios de San Andrés de Giles están en alerta debido a que el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), aprobado en 2021, impone restricciones que dificultan la expansión de granjas avícolas y porcinas. (Foto: Cristian Giacobone).

    En San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, la implementación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), aprobado en 2021 y homologado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, genera serios inconvenientes para los productores agropecuarios del distrito.

    La normativa, que fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante local, afecta a actividades productivas que anteriormente eran consideradas primarias, y que ahora enfrentan restricciones que dificultan su continuidad.

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    Cristian Giacobone, presidente de la Sociedad Rural de San Andrés de Giles (SRSAG), manifestó su preocupación en diálogo con TN: “Este nuevo código impacta directamente en el 50% de la producción de pollos parrilleros y gallinas ponedoras, además de afectar significativamente la producción porcina”.

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    Giacobone señaló que la situación es compleja, ya que “están en riesgo cerca de 450 empleos directos”, además de un importante número de puestos de trabajo indirectos.

    Cristian Giacobone, presidente de la Sociedad Rural de San Andrés de Giles (SRSAG). (Foto: Cristian Giacobone).
    Cristian Giacobone, presidente de la Sociedad Rural de San Andrés de Giles (SRSAG). (Foto: Cristian Giacobone).

    “La Sociedad Rural no fue convocada para debatir el COUT”

    Según Giacobone, las granjas que llevan años operando ahora enfrentan problemas para vender, transferir o realizar sucesiones, debido a las nuevas normativas municipales.

    El conflicto se agrava por el hecho de que las discusiones sobre el COUT se llevaron a cabo durante la pandemia, sin la participación de los productores afectados.

    “Nunca nos convocaron para discutir este tema, y esto tiene un impacto directo en la producción de San Andrés de Giles”, señaló Giacobone.

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    Además, explicó que los galpones de pollos, que inicialmente estaban ubicados lejos de la ciudad, hoy se encuentran en áreas más cercanas, por el crecimiento que tuvo el distrito.

    La situación, según los productores, “genera incertidumbre y pone en riesgo la sostenibilidad del sector agropecuario en la región”. Señaló que “las reuniones del COUT se hicieron en colegios y fueron muy poco serias”.

    “Hicieron un código poco amigable para la producción, y hoy los vecinos hacen denuncias que ponen en una situación impensada a los productores”, afirmó.

    El nuevo código afecta al 50% de la producción de pollos parrilleros y gallinas ponedoras, y también impacta significativamente en la producción porcina, contó Giacobone. (Foto: SENASA).
    El nuevo código afecta al 50% de la producción de pollos parrilleros y gallinas ponedoras, y también impacta significativamente en la producción porcina, contó Giacobone. (Foto: SENASA).

    El conflicto se intensificó especialmente para las granjas que trabajaron en la zona durante décadas. Giacobone explicó que “cuando cambian el código, genera un conflicto con las granjas que están desde hace 40 años, y esto termina en una preexistencia que no te da ningún derecho adquirido”.

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    Este escenario impide a los productores ampliar o modificar sus instalaciones, y, lo que es peor, “cuando se vende, se cae la habilitación”, agregó. Ante esta situación, la SRSAG decidió tomar acción para proteger los derechos de los productores.

    “Nosotros tomamos cartas en el asunto, y estamos luchando para que se reconozcan los derechos adquiridos”, afirmó Giacobone. A través de sus gestiones, lograron que “la habilitación municipal quede sin efecto para los galpones de pollos”.

    Sin embargo, insistió en que “queremos tener plena disponibilidad sobre la propiedad” para asegurar la viabilidad de las actividades agropecuarias en la región.

    Belén Malaisi, diputada provincial. (Foto: Belén Malaisi).
    Belén Malaisi, diputada provincial. (Foto: Belén Malaisi).

    “Entiendo la preocupación de los productores”

    Belén Malaisi, diputada provincial, también manifestó su preocupación respecto al impacto del COUT en San Andrés de Giles.

    Explicó que “me llamaron hace dos meses atrás para buscar una solución para una normativa que se gestó en 2019 y se promulgó por la provincia en febrero de 2021″.

    La diputada resaltó que, durante una reunión, escuchó “la preocupación de los productores” y observó que el nuevo código no tuvo en cuenta que San Andrés de Giles es una “ciudad productiva”, lo que está perjudicando a sectores con derechos adquiridos.

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    Malaisi puso un ejemplo concreto de cómo las nuevas normativas afectan a los productores locales: “Hay un caso de una señora que no puede vender los galpones productivos porque no se pueden transferir, por la disposición del nuevo código”.

    Este obstáculo, según la diputada, ilustra cómo las regulaciones actuales afectan negativamente a las operaciones agrícolas y avícolas.

    Para abordar la situación, Malaisi propuso al intendente, Miguel Ángel Gesualdi y al presidente del Concejo Deliberante, Juan Ignacio Marano, la formación de una nueva comisión destinada a analizar los casos en conflicto.

    “Le propuse al intendente que formen una nueva comisión para analizar los casos que están en conflicto. Lo mismo hice con el presidente del Concejo Deliberante”, indicó la diputada.

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    A pesar de los desafíos, Malaisi enfatizó la necesidad de una resolución: “El presidente del Concejo Deliberante renunció la semana pasada y ahora se eligió un nuevo presidente. Ahora hay que volver a pedir por nota para que se reúnan con 45 productores. Esto afecta a 900 empleados directos e indirectos”.

    La diputada concluyó: “La reunión se tiene que realizar en estos días y se tiene que encontrar una solución”.

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