La agroindustria argentina tiene claramente muchas fortalezas, y pocas debilidades en relación a otros países del mundo. En términos del tradicional análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) las dos últimas categorías son más relativas, según las distintas visiones.
El tema se puede abordar desde múltiples cuestiones. Entre las que tienen mayor actualidad, es muy importante determinar qué y adónde exportamos, y en ese contexto los acuerdos comerciales con determinados países, una herramienta que facilita y favorece la inserción internacional de lo que producimos y el mundo demanda. Porque quizás podríamos vender artículos sofisticados de alta tecnología, pero la gente de otras latitudes nos paga en general por agroalimentos.
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La inquietud por el agregado de valor es pertinente, claro, pero debería empezar por poner en discusión la captura de valor que viene haciendo el Estado (vía retenciones y tipo de cambio) a lo que genera el campo, con el falaz argumento de “renta extraordinaria” todavía vigente.
Aunque parezca que no son cuestiones vinculadas, ese tipo de decisiones también tiene que ver con la inflación, con el bajo poder adquisitivo de los sueldos, con los créditos hipotecarios que no funcionan y con la pobreza.
Poco parece importar la cantidad de gente que mueve la producción rural. Genera 4,1 millones de puestos de trabajo, que representan el 23% de los empleos a nivel nacional, liderados por la cadena de la carne vacuna, seguida por frutas y verduras, y trigo, según el informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
En el Congreso Nacional los proyectos sobre desarrollo agropecuario no son considerados prioritarios y duermen en los cajones burocráticos, mientras los países de nuestra misma región avanzan sin freno de mano.
En ese contexto, crece el debate sobre el impacto del cambio climático y las pérdidas en el agro. Podría reducir 12,5% el PBI de América Latina para 2050, según la CEPAL, y se perderían 10,9 millones de empleos rurales (43 millones totales) en Latinoamérica.
La región es muy vulnerable a fenómenos naturales: sequías e inundaciones, por lo cual advierten que deben implementarse políticas de mitigación y adaptación.
Mentras tanto, empresas referentes del agro se unen para incentivar la descarbonización e impulsan beneficios financieros a los productores que certifican buenas prácticas.
Pero entidades de la mesa de enlace cuestionan las exigencias, en línea con los mensajes que en ese sentido ha pronunciado el presidente Javier Milei.
El debate está abierto y no es menor, porque está en juego el perfil de país que nos puede sacar de la crisis económica que parece no tener fin.
