La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) anunciaron que podrían iniciar medidas de fuerza para manifestarse contra la aplicación del impuesto a las Ganancias. Este tributo fue reintroducido en el paquete fiscal aprobado a finales del mes pasado por el Congreso.
En un comunicado, los sindicatos expresaron su indignación: “Un presidente (por Javier Milei) que hasta el hartazgo sostuvo que no aumentaría los impuestos, pero no sólo los aumentó, sino que hoy ha vuelto a instaurar el impuesto a las Ganancias, siendo que el salario no es ganancia”.
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Asimismo, los sindicatos destacaron los derechos conquistados por el sector en beneficio de los trabajadores, como las exenciones del impuesto a las Ganancias en turnos rotativos, horas extras y adicionales por turnos. “Hoy vemos que en un abrir y cerrar de ojos los derechos que habíamos ganado se han visto avasallados por un gobierno y legisladores cómplices de políticas fascistas, que hicieron que nos robaran los derechos adquiridos”, añadieron.
En este contexto, los dirigentes aceiteros se reunirán el miércoles 24 de julio en la localidad santafesina de San Lorenzo. El objetivo del encuentro será “debatir y llevar adelante una lucha conjunta” para “enfrentar esta política diseñada para destruir los salarios y nuestras organizaciones en beneficio de los grupos económicos, las trasnacionales y el capital financiero”.
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En tanto, el salario básico convenido para los empleados iniciales en la industria aceitera alcanza los $1,24 millones, mientras que para los operarios avanzados es de $1,60 millones. Con horas extras, presentismo y antigüedad, la mayoría de los salarios brutos oscilan entre $2,50 y $3,50 millones.
La reciente legislación, aunque no fue reglamentada aún, plantea que un trabajador casado con dos hijos y un salario bruto de $3 millones debería pagar $9000 en concepto de impuesto a las ganancias.
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“Para no volver a los ‘90, vamos a reafirmar nuestra lucha por un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice las nueve necesidades establecidas en la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo”, declaró el sindicato en un comunicado.
Consideraron que este salario es definido como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, asegurando alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
