La Federación de Acopiadores junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA) enviaron una carta al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaron, en la que expresaron su preocupación por los costos adicionales que enfrentan los transportistas de granos para acceder a los puertos ubicados sobre el Río Paraná.
Según indicaron, estos “peajes” disfrazados de tasas viales podrían estar generando un costo anual de hasta $25.000 millones, sin que se vea reflejada esta recaudación en mejoras en los accesos a los puertos.
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En tanto, los acopiadores argumentaron que “la mayoría de los caminos que conducen a los puertos están en condiciones precarias, lo cual afecta la eficiencia y la competitividad del sector agroexportador”.
En la carta dirigida a Pullaro, instaron al gobernador a ejercer las atribuciones constitucionales necesarias para resolver esta situación, haciendo referencia específica a los artículos 62 y 72 de la Constitución Provincial, que establecen los deberes y facultades del gobierno provincial en materia fiscal y de infraestructura.
“Una parte de estos fondos se desvía hacia las rentas generales municipales”, señalaron las entidades
En ese sentido, las entidades agrarias fundamentaron su reclamo en la percepción de que los ingresos generados por estos “peajes” no se destinan adecuadamente al mantenimiento vial necesario para los transportistas de granos. Según afirman, “una parte significativa de estos fondos estaría siendo desviada hacia las rentas generales de algunos municipios, sin que se rindan cuentas claras sobre su destino conforme a la ley”.
En sus comunicados, las entidades agrarias expresaron su inquietud por la resistencia de algunos alcaldes a resolver este problema. Aparentemente, la motivación sería mantener una recaudación considerable sin justificación suficiente en mejoras viales efectivas.
Además, señalaron que “estos cobros desproporcionados podrían constituir una vulneración de la Carta Orgánica de Municipalidades”. Eso reforzó el llamado a Pullaro para que “tome medidas urgentes” y asegure condiciones equitativas para el transporte de cereales hacia los puertos del Río Paraná.
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En este contexto, los representantes del sector agrario pidieron al gobernador “actuar con celeridad para evitar cualquier obstáculo administrativo que afecte la descarga de granos en las terminales portuarias”.
Por último, reiteraron la solicitud con el argumento de que estos cobros no se justifican como “tasas viales legítimas”, sino que constituyen “excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango”.
Según afirman, estas prácticas no solo impactan negativamente en la operatividad del comercio agroindustrial, sino que también representan “una clara violación a las cláusulas constitucionales que rigen el libre comercio dentro del país”.
