Dinamarca anunció un impuesto al carbono específico para el sector agrícola, que entrará en vigor en 2030. Esta iniciativa, la primera de su tipo a nivel mundial, tiene como objetivo principal reducir las emisiones derivadas de la producción agropecuaria, enfrentando así los desafíos del cambio climático.
La medida, anunciada tras intensas negociaciones gubernamentales, implicará que los agricultores daneses paguen inicialmente 300 coronas danesas por tonelada de CO2 equivalente producida, aumentando a 750 coronas danesas para 2035. No obstante, se aplicará una deducción del 60% para las emisiones promedio de diferentes tipos de ganado, beneficiando a aquellos productores reconocidos como “climáticamente eficientes”.
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En ese sentido, este enfoque diferencial busca incentivar prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes desde el punto de vista climático, al tiempo que se espera que impulse la innovación en tecnologías y prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones, según señalaron las autoridades danesas.
En Dinamarca, un importante exportador de productos lácteos y porcinos, las emisiones agrícolas representan el 22,4% del total de emisiones de carbono del país, en comparación con el 15,6% registrado hace una década. El país alberga aproximadamente 547.000 vacas lecheras distribuidas en 2300 explotaciones, que producen anualmente unos 5870 millones de kilogramos de leche.
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Además, Dinamarca cuenta con alrededor de 900.000 cabezas de ganado vacuno y otros tipos, junto con una población de aproximadamente 11.5 millones de cerdos.
El impuesto se implementará tras un acuerdo entre el gobierno de coalición y organismos agrícolas
En el contexto de Dinamarca, los expertos anticipan que el impuesto al carbono podría reducir significativamente las emisiones, estimándose una disminución de 1,8 millones de toneladas de producción de carbono en su primer año de implementación. Esta medida es parte de “los esfuerzos del país para alcanzar su objetivo de reducir el 70% de las emisiones totales para 2030″.
Asimismo, la decisión de implementar el impuesto al carbono agrícola fue tomada tras un acuerdo entre el gobierno de coalición y varios organismos agrícolas daneses, lo que podría establecer un precedente para otras naciones. Entre los que respaldaron la medida se encuentran el Consejo Danés de Agricultura y Alimentación, la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza, la Confederación de la Industria Danesa, el Sindicato NNF y la Asociación Danesa de Gobiernos Locales. Además, la Asociación Danesa de Productos Lácteos expresó satisfacción por la claridad que el acuerdo tripartito brinda a los productores de leche.
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No obstante, el reciente acuerdo está generando un cambio significativo en todas las granjas del país. Si bien los productores lecheros daneses están “bien preparados y ya comenzaron a reducir su huella de carbono”, ahora se concentran en cómo se llevará a cabo la implementación del acuerdo, sujeto a la aprobación del Parlamento danés.
Por otro lado, una de las principales demandas dentro del sector agrícola es que los ingresos generados por este impuesto se reinviertan en iniciativas ecológicas y tecnología climática. Se está haciendo hincapié en la necesidad de que esta recaudación esté regulada y pueda alinearse con el sistema de comercio de emisiones de la UE, buscando maximizar su impacto en la mitigación del cambio climático.
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Además del impuesto al CO2, el acuerdo incluye financiamiento para la expansión de bosques en Dinamarca y la restauración de turberas para garantizar la calidad del agua potable, en línea con las directrices ambientales de la UE.
Desde la UE señalaron que, las vacas impactan en el carbono porque producen metano, un potente gas de efecto invernadero, durante la digestión a través de un proceso llamado fermentación entérica. Además, su estiércol libera tanto metano como óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global.
Sin embargo, la noticia del impuesto al carbono no fue bien recibida en otros países europeos, donde persisten las disputas con los gobiernos locales sobre políticas ambientales similares.
Un productor lechero irlandés expresó su preocupación a través de redes sociales, señalando que políticas como estas podrían poner en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas.
