Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba le pidieron al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, que no renueve la norma que encarece el crédito a los productores de soja que tengan más de un 5% del stock de su cosecha sin liquidar, y que vence este 30 de junio.
El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, solicitó al directorio que no se prorrogue la Comunicación “A” 7931 relativa a las normas sobre “tasas de interés en las operaciones de crédito”.
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“Esta medida significa un mayor costo financiero y atenta contra el crecimiento del sector. El Gobierno tiene la posibilidad de aliviar a los productores, de sacar una parte de la presión que el campo soporta desde años”, dijo el funcionario de la provincia mediterránea. Sobre eso, añadió: “Sería una clara señal para el campo y ofrecería alivio a los productores”.
Las autoridades de la Comisión de Enlace de Córdoba avalaron el pedido de la cartera. “Necesitamos tasas competitivas para incrementar la producción. Es un cepo financiero que castiga a la producción y la decisión de no prorrogarla sería positiva”, coincidieron en afirmar José Luis Careggio, Vanesa Padulles, Patricio Kilmurray y Albina Capellán, de ese nuclemiento.
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Busso insistió en la necesidad de que los productores accedan libremente a los créditos disponibles, en iguales condiciones que otras actividades económicas.
“El campo necesita un gesto. Si se avanza con sacar esta medida, se incentiva a los productores. El próximo paso tiene que ser la quita de todas las retenciones”, sostuvo.
En ese sentido, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, y su par de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, le enviaron una carta a Bausili para que analice la situación.
“Esta normativa fue adoptada por la gestión anterior del BCRA, invocando como objetivo la necesidad de liquidación de granos. La actual gestión ha venido prorrogando dicha medida, la cual deriva en efectos colaterales nocivos para la actividad económica provincial, en especial mediante el encarecimiento del crédito a determinados productores”, señalaron los funcionarios.
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De esta manera, consideraron que “se restringe el acceso de productores a líneas de financiamiento con algún tipo de promoción, aumentando el costo del financiamiento bancario y distorsionando los mercados, al atentar contra el desarrollo normal de las actividades productivas”.
