El Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la ciudad de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, rechazó la solicitud de cautelar presentada por el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini, que buscaba cuestionar un aumento en el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires.
Esta decisión se une a otro fallo adverso para un ganadero de San Vicente, Agustín Arechavala, lo que representa un revés para los ruralistas.
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En ese sentido, el fallo desestimó el pedido de Remorini, quien solicitaba una nueva liquidación impositiva con un incremento menor al establecido por el organismo correspondiente, así como un descuento del 35% por ser un “contribuyente cumplidor”, sin la actualización de las cuotas.
Asimismo, la jueza Martínez argumentó que el límite de imposición proveniente del consenso, con una alícuota del 3%, no estaba vigente, lo que invalidaba el reclamo del demandante.
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En este contexto, el demandante argumentó que “no se respetó el principio de legalidad en materia tributaria” al delegar en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) la potestad de incrementar el impuesto.
En consecuencia, solicitó “una resolución judicial que obligue a ARBA a reliquidar las primeras cuatro cuotas del impuesto según la liquidación anual de 2023″, sin los aumentos correspondientes a 2024.
Además, pidió que “se le permita abonar dichas cuotas sin aplicar ningún índice de actualización o aumento” para el presente año, y que ARBA “se abstenga de llevar a cabo cualquier acción administrativa o judicial destinada al cobro de estos incrementos”.
En tanto, esta determinación legal se suma a un precedente similar con Agustín Arechavala, productor ganadero de la localidad de San Vicente, cuya petición de revertir el aumento de impuestos también fue desestimada.
Ambos casos representan un revés para el campo, cuyas demandas fueron respaldadas públicamente por figuras como el presidente Javier Milei y el legislador José Luis Espert, este último llamando a una “rebelión fiscal” en apoyo a los afectados por las medidas impositivas.
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Finalmente, la tensión entre los ruralistas de Buenos Aires y el gobierno de Axel Kicillof por el aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural “parece haber llegado a un punto crítico”. Después de meses de quejas que acusaban a la ARBA de superar el límite del 200% de incremento en las facturas, acompañadas de protestas por parte de los productores y las entidades agrícolas de la provincia, la Justicia de La Plata validó el aumento impositivo.
