El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, procesó a 14 exdirectores de Vicentin SAIC y a la empresa por la acusación de “multimillonaria estafa al Estado mediante facturas truchas con las que la compañía habría conseguido de forma ilícita más de $100 millones”. Ordenó embargos e inhibiciones pero los imputados podrán continuar el proceso penal con el beneficio de la libertad bajo fianza.
En un fallo emitido el 7 de mayo, Alurralde tomó la decisión a prima facie, por considerar coautores penalmente responsables del delito de “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”, en virtud del artículo 3° del Régimen Penal Tributario, Ley Nacional 27.430, artículo 279, con la agravante prevista en el artículo 15, inciso B, del mencionado cuerpo legal.
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Aunque se enfrentan a cargos graves, todos los encausados podrán continuar el proceso penal con el beneficio de la libertad, bajo la condición de cubrir una fianza.
El caso, que comenzó con una denuncia de la AFIP en agosto de 2020, finalmente avanzó con la decisión del juez tras más de dos años de investigación.
La denuncia de la AFIP expone un presunto esquema delictivo entre 2016 y 2019
En ese sentido, el juez Alurralde, procesó a 14 exdirectores de Vicentin SAIC por presunto aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Entre los procesados se encuentran Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Boschi, Herman Roberto Vicentín, Oscar Silvio Vicentín, Rubén Darío Vicentín y Norma Susana Vicentín.
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Asimismo, junto con Sergio Roberto Vicentin y Yanina Boschi, los imputados enfrentan la acusación de haber sido coautores penalmente responsables del delito imputado. Este paso judicial se suma a la compleja situación financiera que rodea a la compañía, que se encuentra bajo un proceso de reestructuración luego de haber solicitado la apertura de concurso preventivo de acreedores.
En este contexto, el procesamiento de los exdirectores de la agroexportadora enfrenta ahora la posibilidad de una pena de prisión efectiva, de acuerdo con las disposiciones legales enunciadas en el artículo 3° del Régimen Penal Tributario. Este artículo establece que quienes se aprovechen indebidamente de beneficios fiscales pueden enfrentar condenas de entre tres años y seis meses hasta nueve años de prisión, si la suma en cuestión supera los $1.500.000 en un ejercicio anual.
La participación de dos o más personas en este delito, según señaló el juez, agrava aún más la situación, elevando la posible condena a un mínimo de cuatro años de prisión efectiva.
Además, la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalla un presunto esquema delictivo que se habría desarrollado entre los años 2016 y 2019. Según la AFIP, durante este período, la empresa habría obtenido de manera indebida más de $100 millones mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vinculadas a operaciones de exportación. Se sostiene que estas solicitudes estaban respaldadas por facturación apócrifa, presentada de manera fraudulenta para obtener reintegros ilegítimos.
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Finalmente, la ampliación de la denuncia por parte de la AFIP incluye detalles adicionales sobre los “montos que se habrían detraído ilegítimamente del fisco nacional”. Con todo, la investigación continúa en proceso, explicaron desde la Justicia.
