Productores de limón de la provincia de Tucumán rechazaron una iniciativa del gobernador peronista Osvaldo Jaldo, ahora aliado al presidente Javier Milei, que propone crear el Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL).
Por medio de un comunicado, 18 empresas del sector consideraron que genera “intervencionismo estatal”. En tanto, el ministro provincial de Economía, Daniel Abad, respondió que “es una herramienta para ayudar a enfrentar la superproducción” y aseguró que hay 50.000 puestos laborales en riesgo.
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El proyecto 17-PE-24, presentado en La legislatura por el Poder Ejecutivo de la provincia, apunta a “declarar de interés público provincial la producción de limón y sus derivados”.
Sobre eso, evaluaron: “Representa un intervencionismo estatal en un mercado que era libre, a contramano de los tiempos que corren. Incrementar artificialmente los precios por medio de una regulación de la oferta de productos ha probado ser un remedio peor que la enfermedad. Ese mismo derrotero han recorrido otras economías regionales de nuestro país. La producción necesita mercados. Si no hay mercados, el intervencionismo solo generará mayores pérdidas para todos”.
Al respecto, enfatizaron que “las soluciones de esta crisis mundial no deben pasar por afectar solamente la productividad de las empresas tucumanas mediante un depósito compulsivo de parte de los productos que industrializamos, ni por aumentar enormemente nuestros costos con el mantenimiento de esos productos en depósito supercongelado”.
También criticaron la carga que deberían afrontar con la nueva tasa para el sostenimiento del “Instituto de Fomento para el Crecimiento y Fortalecimiento del Limón” y su personal, que “se crea para intervenir reduciendo solamente la oferta de Tucumán al mundo”.
Por eso, pidieron a los legisladores que no aprueben este proyecto y que los gobiernos provincial y nacional convoquen a los actores más representativos del sector para “construir en conjunto propuestas que no arrastren a la citricultura tucumana a una crisis terminal”.
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Aunque son líderes a nivel global, los productores de limón de Tucumán aclararon: “Somos un jugador, relevante por cierto, pero representamos solamente el 15% de la producción de limón del mundo. Tenemos que competir contra todo el resto en un mercado que es el mercado mundial, donde rige el libre juego de la oferta y demanda”.
Explicaron que “la crisis de la citricultura tucumana, al igual que en el resto del mundo, se debe a un crecimiento excesivo de plantaciones de limón. Cuando los precios del limón y sus derivados eran altos, existió la tentación de incrementar la producción. Esa tentación llevó a la generación de excedentes que hace años causan una depresión en los precios internacionales del limón fresco, el jugo y el aceite esencial. Necesitamos reducir nuestros costos para mejorar nuestra competitividad, mejorar la eficiencia de nuestros procesos y desarrollar nuevos mercados y productos”.
Asimismo, reconocieron la necesidad de buscar soluciones ante tal situación de crisis. Sin embargo, discreparon “profundamente con todas las iniciativas de este proyecto, que nunca ha sido presentado ante la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) o la Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS), las entidades privadas más representativas de nuestro sector”.
“A diferencia de lo que la ley pretende proteger, esta disposición perjudica a Tucumán y favorece directa, e injustamente, a otras provincias productoras como podrían ser Salta, Jujuy, Corrientes y a otros países competidores de Argentina como Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Sudáfrica, etc., que sin duda aprovecharán la disminución forzada de nuestra oferta para capturar y apropiarse de nuestros mercados y clientes, que con tanto esfuerzo, inversión de capital e innovación, logramos construir”, fundamentaron.
“Esta ley también afectará negativamente a las relaciones comerciales de la industria con nuestros principales mercados, introduciendo incertidumbre y desconfianza en nuestras transacciones”, finalizaron.
Entre las empresas firmantes, se encuentran Acequiones, Argenti Lemon, Biotuc, Citromax, Citrusvil, Diego Zamora e Hijo, Finar, Frutucumán. Inducítrica, Juan Antonio Zamora, La Patria, La Rosa, Lapacho Azul, Los Pempa, Nougues, San ,Miguel, Ucuchacra y Veracruz.
El Gobierno tucumano afirma que busca cuidar 150 mil empleos
“Hay 50 mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta que si continúa la crisis corren peligro”, respondió el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, frente a las críticas de empresas agroindustriales de esa provincia al proyecto para la creación del IFL.
“Queremos acompañar al sector privado para que desarrolle su actividad con herramientas y que se pongan de acuerdo”, dijo el funcionario. Y explicó que “el objetivo que pretende el gobierno provincial con la presentación ante la Legislatura es atender un pedido de productores del sector”.
Asimismo, precisó que “la Acnoa, que nuclea a los citricultores de Tucumán y Salta, pidió una herramienta que trate de articular con el sector citrícola un problema de superproducción que viene acarreando desde el año 2017″.
Abad ejemplificó algunos aspectos negativos que llevaron al sector a esta crisis: “Hay excedente en la producción de limones y sus derivados como el jugo, problemas de precio en el mercado mundial y competencia con Sudáfrica”.
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A su vez, alertó: “Hay 50 mil puestos de trabajo directo e indirecto que involucra a obreros del surco, químicos y empleados un conjunto de personas. Eso nos preocupa y si la crisis sigue podría poner en peligro la paz social en el sector”.
Abad sostuvo que “con la experiencia del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) y del Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol en Tucumán (IPAAT) celebraron un acuerdo como fieles testigos en la industria azucarera para exportar los excedentes y proteger la actividad”.
En ese sentido, Acnoa les pidió “articular una herramienta con la experiencia que tenemos y elaboramos un ante proyecto de ley -que para nada es gigantesco y con pocos empleados- de manera que se puedan sentar institucionalmente para encontrar vías de solución, que por lo visto no lo están encontrando”.
Además, aseveró que se busca acompañar al sector privado. “No nos metemos en el área. Los que tienen convenios que ganen dinero”.
En tanto, el titular de Acnoa, Pablo Padilla, se pronunció a favor de la iniciativa y coincidió con las palabras del titular de la cartera económica: “No se trata de una intervención por parte del Estado, sino de una herramienta con la que se pueda ordenar al sector para encausarlo, nuevamente, en un camino de crecimiento y rentabilidad y no de sometimiento de los fuertes sobre los débiles”.
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“Nadie puede decir que no es verdad y que estamos viviendo una situación de crisis y que esto está impactando en la provincia. La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo ha sido generar una herramienta para lograr los consensos que necesitamos y que el sector privado no ha sido capaz de generar por sí solo”, sostuvo el referente del sector.
Padilla puntualizó que la iniciativa surge también como respuesta a las 6.000 hectáreas de producción que se están perdiendo y las 11.000 hectáreas abandonadas que impactan de lleno en la caída de ingresos a la provincia.
“El gobernador Jaldo está diciendo, señores limoneros, vengan, siéntense, les doy el marco legal para que trabajen y traten de conseguir los acuerdos necesarios para corregir lo que está pasando”, enfatizó Padilla
