En respuesta a la polémica suscitada por el incremento del impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires, la Agencia de Recaudación (ARBA) y el ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) provincial realizaron un estudio para analizar su impacto en la economía agrícola. Según los resultados presentados, “el impuesto representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria”.
En ese sentido, el análisis incluye cinco ejemplos de establecimientos agrícolas de distintas escalas, desde campos de 30 hectáreas en Junín hasta campos de 1000 hectáreas en 9 de Julio.
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Aunque hay diferencias significativas entre los casos estudiados, destacaron el ejemplo de Azul como el de mayor coeficiente, donde “el impuesto representa hasta 132 veces menos el monto pagado por derechos de exportación (DEX)”. A su vez, “el impuesto inmobiliario rural representa apenas entre el 0,8% y el 3,6% de lo recaudado por DEX, subrayando la relativa proporción entre ambos tributos”.
Además, se evaluó la incidencia del impuesto en los casos de arrendamientos, revelando que representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler en función del valor del predio. Los datos también comparan el inmobiliario rural con los derechos de exportación (DEX), demostrando una relación significativa entre ambos tributos y la progresividad del impuesto inmobiliario en relación con el valor del predio, según el Gobierno bonaerense.
En tanto, los técnicos de ARBA y del MDA provincial seleccionaron diversos predios para su análisis, abarcando diferentes áreas y aptitudes agrícolas. Estos predios incluyeron desde una extensión de 500 hectáreas en Alberti, con excelente aptitud agrícola, hasta campos de 30 hectáreas en Junín. En cada caso, se consideraron parámetros promedio para alquileres y costos, utilizando precios de mercado para establecer una visión precisa de la situación.
El Gobierno bonaerense analizó costos y el impacto del impuesto inmobiliario rural
En este contexto, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, desestimó las críticas de ciertos sectores del campo respecto al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, afirmando que “estas objeciones tienen motivaciones políticas más que fiscales”.
Girard sostuvo que “el peso del impuesto en los costos de producción del sector agropecuario no justifica el nivel de reclamo contra el ogbierno provincial”, y señaló que “muchos de los líderes rurales que protestan fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza”, insinuando un trasfondo político en sus acciones.
Además, el funcionario explicó que “se ha establecido un mecanismo para revisar casos particulares en colaboración con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)”, con el objetivo de abordar cualquier discrepancia o posible irregularidad en la implementación del impuesto”.
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Al respecto, el análisis reveló que “el impuesto inmobiliario rural presenta una progresividad clara, con tasas que van desde el 0,6% hasta el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria”. Por ejemplo, en el caso del campo de 500 hectáreas en Alberti, se observa que “el impuesto representa entre el 0,4% y el 1,8% de los ingresos totales de la explotación”. Esta progresividad se evidencia aún más en campos de mayor escala, donde la tasa alcanza el 1,7% y el 1,8%, resaltando la variabilidad según el tamaño y rendimiento de los campos.
Asimismo, se destaca que la zona de menor desempeño agrícola, representada por el campo de 200 hectáreas en Azul, registra una proporción del impuesto menor, del 0,6%. Por otro lado, los campos de menor escala, como los de Junín y Pergamino, presentan tasas de impuesto también más bajas, pero dentro de los límites establecidos por el tope del 200%. “Estos ejemplos evidencian de manera contundente la progresividad del impuesto inmobiliario rural y su adaptación según las características específicas de cada propiedad agrícola”, afirmaron desde ARBA.
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En relación con los arrendamientos, los análisis muestran que “el impuesto inmobiliario rural representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler en los casos donde el propietario no es el productor y obtiene ingresos por el alquiler del campo”. Consideran que esta observación resalta la progresividad del impuesto.
Por último, se realizó una comparación entre el monto del impuesto inmobiliario rural y el valor de mercado de la propiedad, sobre el valor de la tierra en cada municipio. Este análisis reveló que el impuesto representa entre el 0,05% y el 0,21% del valor de mercado del predio, evidenciando una relación relativamente baja entre el impuesto y el valor total de la propiedad.
