La Federación Agraria Argentina (FAA) no defendió el funcionamiento del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) que el Gobierno dijo que disolverá, con el despido de 900 personas, pero sí solicitó que se mantengan políticas específicas para ese sector. El resto de las entidades que conforman la mesa de enlace optaron por no hacer declaraciones al respecto, pero sí hubo otras manifestaciones de ruralistas.
FAA destacó “la necesidad de seguir discutiendo políticas públicas específicas para la agricultura familiar” en el ámbito adecuado dentro de la Secretaría de Agricultura, en respuesta al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó que se mantendrá su condición original de Dirección Nacional.
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El comunicado de FAA busca mantener una postura equilibrada en medio de las disputas partidarias, y las iniciativas del presidente Javier Milei. Y destacaron que “los errores de la política, o los posibles hechos que quieren investigar, no pueden hacernos perder el foco de la discusión”.
Alberto Fernández transformó la Dirección Nacional en un Instituto en noviembre de 2022, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En ese sentido, la entidad recordó los años de lucha para la sanción de la ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) 27.118, que sigue sin ser efectiva debido a la falta de reglamentación efectiva por parte de los gobiernos sucesivos desde su sanción.
Federación Agraria pidió corregir cualquier “error o abuso sin eliminar el área”
En este contexto, señalaron que “muchos aprovecharon esta situación para beneficio personal, mientras que las carencias en las zonas rurales persisten”. Exigieron que “se respeten y hagan efectivas las conquistas alcanzadas con la ley 27118, sin abusos de los políticos de turno”.
Según las palabras de la FAA, “la política debe resolver los problemas que generaron los políticos”.
A su vez, en un contexto donde la agricultura familiar es reconocida a nivel mundial, la FAA insiste en que Argentina no puede retroceder en su compromiso con este sector vital de la economía. Pidieron que se les trate como productores, reconociendo “su escala de producción y brindándoles el apoyo necesario en el ámbito adecuado”, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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En este decenio de la agricultura familiar, recalcan la importancia de no dar pasos atrás y seguir avanzando hacia un futuro más próspero y equitativo para todos los productores rurales del país. Enfatizaron que “no se debe desatender a este grupo social y productivo tan postergado”.
Ruralistas de la provincia de Buenos Aires no dudaron en respaldar la decisión del Gobierno
Ignacio Kovarsky, integrante de CARBAP y secretario de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, expresó a TN: “Lo que sí creo es que INTA tiene un programa de agricultura familiar desde hace 20 años, con profesionales de carrera y cooperativas. Me parece que este instituto es una superposición cuando el INTA lo hacía perfectamente”.
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“Creo que es buena la decisión del Gobierno, es solo un refugio de empleo público y un gasto innecesario”, expresó Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Luego agregó: “Está en línea con lo que estamos pidiendo, que se achique el Estado para que de esa manera baje la carga impositiva. Es algo que a mi criterio no sirvió para nada, un nicho de corrupción”.
“Estoy totalmente de acuerdo con la disolución. No tenía ni idea que existían ni tampoco qué hacían. Me suena que era algo exageradamente populista y sin ningún efecto en la producción”, manifestó Facundo Soler, secretario de la Sociedad Rural de Azul, en el centro sur de la provincia de Buenos Aires.
