La agricultura familiar es una realidad, pero el manejo de ello desde el Estado es otra cosa. El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar que el Gobierno disolverá, incluyendo la cesantía de 900 personas, son exponentes de un recorrido que empezó hace más de 10 años, con argumentaciones ligadas a la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y el arraigo, que nunca terminaron de plasmarse.
Hay mucha gente que efectivamente vive y trabaja en el campo, en una mezcla de trabajo para obtener recursos (alimentos) e ingresos y también como estilo de vida. Y también están los políticos que manejan millones con el argumento de ayuda “social y productiva”.
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En ese marco, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner se impulsó una representación estatal de esa realidad social, presente en muchas provincias argentinas. El punto institucional más alto fue la sanción, en diciembre de 2014, de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.
En representación de cada cámara del Congreso la firmaron dos protagonistas de esta trama. La media sanción en Diputados la suscribió Julián Domínguez, primer ministro de Agricultura K e histórico referente peronista del área. Y como presidente provisional del Senado apareció Gerardo Zamora, líder político de Santiago del Estero, una provincia clave para estos organismos que fueron acumulando personal (1200), oficinas, autos y recursos con la “autarquía económica y financiera” que la norma estableció desde su origen. Aunque recién fue reglamentada el año pasado.
En rigor, más allá de los funcionarios que tuvieron a cargo esta dependencia, incluso en el gobierno de Macri, el manejo real siempre estuvo en manos del Movimiento Evita, capitaneado por los dirigentes sociales Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.
En ese sentido, con una oscilación nunca definida entre el sentido productivista y la asistencia social, la subsecretaría de Agricultura Familiar permaneció en la órbita de Agricultura hasta fines de 2022, cuando pasó a depender directamente de Jefatura de Gabinete.
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Más allá de la “asignación jurisdiccional” nadie dudaba en los ámbitos gubernamentales que se trataba de una dependencia para la designación de militantes con sueldos estatales y asignaciones presupuestarias poco transparentes.
Siempre se la asoció a un sospechoso manejo de fondos. El dato más inquietante en ese sentido es el uso de créditos internacionales en dólares a tasas bajas para “financiar” los programas para la agricultura familiar.
De cualquier modo, Agricultura Familiar transitó un andarivel periférico del principal rol asignado al campo desde el Estado: aporte de divisas vía retenciones, cobradas a la agricultura industrial, que nunca se dejó de estimular por su papel de sostén de la economía.
Ya en el gobierno de Milei, esta área (1000 personas y todos los recursos asociados) quedó dentro del ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Petovello.
Analizan 3000 cesantías en la Secretaría de Agricultura y entes como INTA y SENASA
Ese dato no resultaba menor en los análisis de muchos empleados de Agricultura, cuando se fueron enterando en los últimos días que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, impulsa recortes drásticos en todos los ministerios. Se preguntaban si no tener a Agricultura Familiar podía jugar a favor o en contra de las 3000 cesantías que se esperan en las oficinas de Paseo Colón al 900 y otros organismos descentralizados.
Tal como informó TN este domingo, la reducción prevista sería de un 15% del total, es decir, unas 400 en la Secretaría; en el INTA 1300, en el Senasa, 1150; Inidep, 80; INV, 100 e Inase, 50.
Los funcionarios de Agricultura consultados no responden sobre el tema. Ni afirman ni niegan. Pero realizan auditorías sobre el desempeño de toda la planta de personal contra reloj, porque a fines de marzo/principios de abril se definiría el número final de cesantías.
En ese sentido, diversas entidades de la agroindustria enviaron una carta a Posse en la que le solicitaron “tenga a bien revisar esta decisión”, más allá de “comprender y apoyar el objetivo de política fiscal y monetaria establecido por el Gobierno, para normalizar la macroeconomía”.
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Pero alertaron que “organismos como el SENASA, INASE y tienen sus propias fuentes de ingresos y no son deficitarios, además de cumplir un rol estratégico para fiscalizar la producción y exportación de productos agropecuarios y agroindustriales así como insumos claves que permiten las producciones de origen animal y vegetal que representan el 70% de las exportaciones anuales de la Argentina”.
Consideraron que “todo deterioro de su capacidad de trabajo puede retrasar la incorporación de tecnología, condicionar y limitar flujos de exportación, y hasta paralizar operaciones”.
