La Federación Porcina Argentina y la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (CAICHA) expresaron un “enérgico rechazo a la decisión del ministerio de Economía de abrir las importaciones de alimentos”, incluida la carne de cerdo y sus derivados. Advirtieron sobre posibles consecuencias sanitarias y denunciaron “condiciones discriminatorias para la industria nacional”.
En ese sentido, argumentan que pone en una posición de desventaja a la industria nacional, que se verá “obligada a competir en un escenario desigual frente a los importadores de productos terminados”.
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En el comunicado, señalaron que la importación de carne de cerdo y otros alimentos podría “comprometer los estándares de calidad y seguridad alimentaria del país”.
En tanto, CAICHA y la Federación Porcina Argentina expresaron su descontento con la decisión del ministerio de Economía, argumentando que “la misma desconoce la realidad del sector porcino y la evolución de precios de sus productos en el mercado”. Detallaron que, desde el inicio del año, el precio del cerdo en pie sufrió una caída del 35%, pasando de $1.155 a $744, lo que generó presión a la baja en los precios finales para los consumidores argentinos.
Las entidades porcinas resaltaron que los aumentos de precios se sitúan por debajo de la inflación acumulada
En este contexto, destacaron que a pesar de esta disminución en el precio del cerdo en pie, la tendencia no se ve reflejada completamente en algunas grandes cadenas, ya que las promociones suelen ocultar los precios efectivos para los consumidores. Además, mencionaron que, según los datos relevados por el Índice de precios al consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, los precios del chorizo fresco, jamón cocido, paleta (fiambre) y salame experimentaron aumentos del 29%, 32%, 34% y 33%, respectivamente, desde diciembre hasta la fecha.
Además, las entidades porcinas remarcaron que estos incrementos de precios están por debajo de la inflación acumulada medida por el IPC Nacional para el mismo período, lo que evidencia una discrepancia entre los datos proporcionados al ministerio de Economía y la realidad del sector porcino argentino. En consecuencia, cuestionaron la precisión de la información recibida por parte del Gobierno y resaltaron la necesidad de una evaluación más precisa y completa de la situación del sector.
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A su vez, alertaron sobre posibles problemas sanitarios que podría acarrear la importación. Específicamente, señalaron “la falta de contemplación de cuestiones sanitarias en la medida gubernamental, como el uso de aditivos alimenticios prohibidos en Argentina, como la Ractopamina”, en terceros países.
Por último, enfatizaron su disposición “a contribuir en la búsqueda de soluciones para enfrentar los desafíos económicos del país y trabajar en conjunto” en la elaboración de políticas que promuevan el desarrollo y la estabilidad del sector porcino argentino.
