En diciembre pasado, el Concejo Deliberante de Azul, provincia de Buenos Aires, aprobó una tasa mensual que implicaba el pago de hasta un litro de gasoil por hectárea por parte de los productores, mientras que para los comercios se estableció en dos litros. A pesar de las protestas y movilizaciones impulsadas por el agro, la norma fue aprobada, originándose en un acuerdo entre la administración saliente de Hernán Bertellys (JxC) y el nuevo jefe comunal Nelson Sombra (UxP).
Hace unas semanas, respaldados por la Sociedad Rural local, los productores llevaron su descontento a la justicia, cuestionando la constitucionalidad de la medida y solicitando la suspensión de su aplicación. El magistrado Pablo Gabriel Quaranta decidió, en un primer paso, que la municipalidad reduzca al 50% las cuotas impuestas por la “Tasa de Servicios Esenciales” hasta que se resuelva la cuestión de fondo: la posible inconstitucionalidad de la norma.
Leé también: Entidades del campo le piden a la Corte que declare constitucional a la reforma laboral de Javier Milei
A pesar de esta decisión provisional, la incertidumbre persiste sobre el monto total que podría reclamar el municipio, estimado en unos $2000 millones, a los productores agropecuarios.
El juez determinó “conceder parcialmente la medida cautelar solicitada para los inmuebles rurales de los demandantes identificados en el punto 1 anterior, siempre que estén comprendidos en los incisos c, d y e del artículo 4 de la ordenanza impositiva 4910/2023. La disposición establece que, desde las emisiones futuras de boletas y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la Municipalidad de Azul deberá calcular la Tasa por Servicios Esenciales para cada periodo, reduciéndola en un cincuenta por ciento (50%), en concordancia con los fundamentos expuestos en los considerandos del fallo (conforme al artículo 22 y subsiguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo)”.
La Sociedad Rural de Azul expresó su perspectiva luego de la decisión judicial
En respuesta a la decisión del juez, Facundo Soler, secretario de la Sociedad Rural de esa localidad, expresó su posición con cautela pero optimismo a TN: “Consideramos que la resolución es un muy buen antecedente. Este decisorio preliminar no adelanta opinión sobre la discusión de fondo, pero contiene indicios que nos permiten ser auspiciosos en cuanto al resultado final”.
Soler destacó la importancia de la medida cautelar como un paso hacia la protección de los productores: “Evidentemente el Juez, considerando que están en juego las rentas públicas, no otorgó la medida precautoria tal cual ha sido solicitada, aún cuando creemos que tenía todos los argumentos para hacerlo”.
Leé también: El campo apoya el “Pacto de Mayo” que propuso Javier Milei y pide sumar a los sectores productivos
Ante la decisión parcial, Soler informó que la Sociedad Rural está preparada para apelar y buscar un alivio aún mayor: “Ya estamos trabajando para apelar la resolución ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y solicitar se haga lugar a la medida cautelar por el 50% restante. Seguramente el Municipio también apele para que se deje sin efecto lo resuelto en primera instancia”.
El secretario resaltó que, a pesar de no obtener la medida completa, la decisión del juez es un “buen punto de partida” que mitiga el perjuicio económico causado por la Tasa. Soler destacó la importancia del reconocimiento positivo del juez, indicando que “reconoce la existencia de ‘fumus bonis iuris’; es decir, la apariencia de buen derecho en el reclamo”.
Leé también: La cadena de la soja reiteró el pedido de eliminar una norma que encarece un 20% el crédito a los productores
Por otro lado, Soler señaló que, “la petición de interceder para evitar restricciones al beneficio por buen contribuyente sobre la Tasa Vial no ha sido incluida en este fallo. Aunque esto no afecta directamente a nuestra demanda actual, continuaremos vigilantes para asegurar que cualquier medida municipal no perjudique injustamente a los productores que cumplen con sus obligaciones tributarias”.
Finalmente, destacó que los concejales de Podemos Azul “encontraron una irregularidad y están pidiendo la derogación” de la medida. Explicó que esta fue aprobada por mayoría simple con los mayores contribuyentes, con un resultado de “17 votos contra 16″. Soler subrayó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios, se requiere “mayoría absoluta”, para lo cual hubieran necesitado “19 votos como mínimo”.
