En medio de un prolongado conflicto laboral en SanCor, el gobierno de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió a la policía provincial a la planta de Sunchales para garantizar el acceso de aquellos que deseen trabajar en medio de la disputa de la cooperativa láctea la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra).
El sindicato acusó que “han militarizado la planta de SanCor en Sunchales por fuerzas policiales y parapoliciales que llegaron para reprimir la protesta de sus trabajadores que reclaman el pago de sus haberes y los aportes jubilatorios”.
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El ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, expresó: “No vamos a permitir bloqueos, extorsiones o amenazas para impedir el trabajo y la producción”. El conflicto se originó a partir de un planteo para la creación de un fideicomiso de salvataje, que finalmente fue desestimado, y por deudas salariales que según la empresa se están saldando.
Asimismo, la crisis en la planta de SanCor alcanzó un nuevo nivel con la revelación de pérdidas estimadas en $4500 millones, según la empresa. Afirmaciones de la compañía señalan diversas medidas que impactaron la producción, obligándolos no solo a no procesar leche sino también a desecharla.
La diputada nacional (PRO) Verónica Razzini, fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) luego de recibir tres disparos y una amenaza por escrito en su empresa familiar rosarina en 2022, respaldó la decisión del gobierno provincial como “una protección necesaria para quienes desean trabajar en SanCor, aunque el sindicato denuncie intimidación por parte de las fuerzas de seguridad”.
El sindicato señala una “escalada intimidatoria”
Por otro lado, el sindicato negó cualquier bloqueo a la producción, y se mantiene el cruce de versiones sobre las causas de la situación económica precaria.
Desde Atilra consideran que la presencia de legisladores nacionales del Pro y del ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, fue un preludio a las medidas represivas. Atilra difundió un video filmado por los trabajadores, donde se observa la presencia de fuerzas policiales. Las críticas apuntan a la supuesta provocación de los directivos de SanCor, acusados de recurrir a tácticas intimidatorias para sofocar cualquier reclamo laboral.
En tanto, la intención de una posible solución para SanCor a través de un fideicomiso vuelve a la palestra, recordando dos años de gestiones que nunca prosperaron. La iniciativa, impulsada por un grupo empresario de diversos sectores, buscaba rescatar a la empresa láctea con una inversión de US$60 millones.
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A pesar de algunos trámites iniciados y gestiones durante el gobierno anterior, la propuesta no logró concretarse. El sindicato respaldaba esta vía como una salida viable, mientras que la compañía, que en su apogeo procesaba más de tres millones de litros diarios, hoy se ve limitada a alrededor de 600.000 litros diarios. Desde 2017, la estructura de SanCor se redujo de más de una docena de plantas a solo seis, cediendo operaciones y marcas en el camino.
En medio de la crisis, el gremio amplió sus acusaciones, alegando que los directivos de SanCor han “militarizado” sus instalaciones y adoptaron un comportamiento “típico de la ultraderecha neonazi”. Afirman que parte del material filmado que evidenciarían estas prácticas fue censurado.
La defensa de una diputada nacional que recibió agresiones en su empresa
Razzini es tercera generación de una familia dedicada al comercio de materiales de construcción, que en 2020 tuvo su empresa bloqueada por 90 días, con agresiones e intimidaciones con armas de fuego y por supuesto tiene miedo. Pero fue elegida en los últimos comicios legislativos para ocupar un banca en el Congreso Nacional y desde ese rol destaca que “de una vez por todas entendamos que la compulsión a la huelga y las empresas son delitos. Son delitos y la gente tiene derecho a ir a trabajar”.
“Yo empecé a recibir muchísimas denuncias y pedidos de trabajadores que por mi trabajo en el movimiento empresarial antibloqueo ya me habían conocido. Por eso tomé la decisión hace un par de semanas atrás de acercarme a la planta y de ir a hablar con los trabajadores. Con muchísimo miedo y con terror porque estaban todos amenazados”, resaltó la legisladora en una entrevista de Luis Fernández Echegaray por Cadena 3.
Razzini afirmó que “los trabajadores perdieron el miedo después de muchísimos años de estar sometidos a esto y, bueno, dijeron vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a defendernos y eso es un poco el camino que están tomando. Son más los que quieren trabajar que los que quieren hacer huelga. Es así. Es un 70% contra un 30%”.
Y concluyó: “Creo que el sindicato puede manifestarse dentro de lo que la ley lo asiste, pero de ninguna manera se puede permitir que no dejen a las personas que sí quieren trabajar poder hacerlo libremente. Porque estamos hablando de que nos quitan la posibilidad de llevar el pan a la mesa de su casa. Eso es lo que viene sucediendo en Sancor”.
