El ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, apoyó la decisión del gobierno de Javier Milei de adherir a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV-91), que generó polémica y divisiones entre las 4 entidades de la mesa de enlace.
“El principal beneficiario de una reforma a la ley de semillas será el agricultor, porque estamos estancados en rendimientos: Brasil nos sacó una ventaja de 300 kilos por hectárea de soja, mientras que hace 20 años era al revés”, argumentó el ex funcionario kirchnerista, quien fue dos veces ministro de Agricultura y en los últimos años se ha convertido en referente principal del peronismo en temas agropecuarios.
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En diálogo con Radio Continental, Domínguez rompió por un momento la grieta política y respaldó la incorporación a UPOV- 91, un protocolo internacional que propicia el reconocimiento legal a los obtentores de desarrollos vegetales, y establece que el uso de variedades por parte de los productores amerita el pago a los semilleros que las desarrollan.
En ese sentido, señaló que “la vieja ley 20.247 de 1973 tiene diferencias abismales con UPOV91″. Al respecto, contó que en su última etapa como ministro, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, impulsó “un acuerdo de todos los actores sobre la reglamentación del uso propio, en lo cual trabajamos hasta el último día y estuvo a punto de salir por decreto”.
Lo que transmitió a los productores en ese momento, y sostiene ahora, es que “el mejoramiento genético es para tener mayor crecimiento y mayor rendimiento de la producción. Por lo tanto, lejos de representar una pérdida, va a representar un beneficio para el productor y mayores ingresos para el país”.
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Asimismo, ejemplificó: “La Argentina tiene solamente 3 mejoramientos genéticos en materia de soja, Brasil tiene 30. Esto permitiría mayores rindes, al tener un instrumento que permita tener diferentes variedades. Propiciaría un rendimiento promedio de 300 kilos más por hectárea, que representaría unos 6000 millones de dólares.
Abogado de profesión, Domínguez está convencido de que la Argentina tiene que adecuar su legislación. “Esta es una buena oportunidad para aprobar UPOV91, para ponerlo en sintonía con lo que pasa en los países de la región: Brasil, Uruguay, Paraguay.
De lo contrario, hay que encontrar una forma de resolver el tema del mejoramiento genético en la Argentina porque el país está perdiendo mucha plata; y los productores, mucho rendimiento. Tenemos 300 kilos menos de rendimiento que los vecinos”.
En ese sentido, explicó que esto se debe al mejoramiento genético en soja que “permitiría tener la semilla adecuada para cada región y atenuar los efectos del comportamiento climático tan variado”.
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Sobre eso, aseveró: “No hay nadie con sentido común, lógica, y que conozca el negocio, que esté en contra de más biotecnología. Porque hay una distorsión: acá solamente se habla de pagar la semilla con mejoramiento genético. Por supuesto, pero esto le va a permitir al productor mayor rendimiento, esto quiero decirlo claramente. Estamos hablando de más rendimiento cuyo principal beneficiario es el productor”.
Sobre la perspectiva de avance de la iniciativa, Domínguez dijo: “Ojalá que el Congreso dé esta discusión, ojalá que se comprenda. Y se dejen de lado ataduras conceptuales. Esto no es para mal de nadie, sino para bien de todos. Son los temas en los cuales la Argentina debe dar ese salto hacia la modernidad. La dirigencia debe tener el coraje de tomar decisiones que el país necesita y no puede postergar más”.
