En medio de la polémica generada por la propuesta de aumento de retenciones por parte del Gobierno nacional, cinco entidades unieron fuerzas para expresar su rechazo a la medida. Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y la Bolsa de Comercio del Chaco emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su oposición a la imposición de derechos de exportación (DEX) en la cadena productiva.
La propuesta gubernamental, que contempla un aumento generalizado del 15% en las retenciones, generó una serie de críticas y preocupaciones en diversos sectores, incluyendo entidades agroindustriales y funcionarios de provincias afectadas. El esquema, que excluye solo a una veintena de economías regionales y a la lechería, establece una tasa del 33% para la soja en todas sus formas.
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En un comunicado conjunto, las bolsas expresaron su desacuerdo con un esquema impositivo que consideran “distorsivo”. Y destacaron que las retenciones propuestas “desalientan cualquier evaluación de potenciales inversiones”.
A su vez, la contundente declaración refleja la creciente oposición y la búsqueda de consenso entre diversos actores del sector agroindustrial frente a las medidas impositivas propuestas por el Gobierno.
Piden “explorar alternativas y no aumentar las retenciones”
En este contexto, las entidades agroindustriales expresaron su descontento ante el aumento de las retenciones y señalaron que “constituyen un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía”.
A pesar de reconocer la urgencia de medidas para estabilizar las cuentas públicas, consideran que se deberían explorar “otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los derechos de exportación”.
En su declaración, enfatizaron que las retenciones impactan directamente en la producción, la generación de empleo y la industrialización, frenando el ingreso de divisas de uno de los sectores “que más aporta a la economía del país”.
Adicionalmente, argumentaron que este tipo de medidas, que alteran cíclicamente las reglas establecidas, “desalientan cualquier evaluación de potenciales inversiones”, alimentan la incertidumbre y la inseguridad jurídica en el sector.
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Además, la crítica de las entidades también resaltó la preocupación por la falta de estabilidad en las políticas públicas, ya que medidas como estas generan “consecuente inseguridad jurídica”.
En este contexto, subrayaron que la falta de previsibilidad desanima la evaluación de inversiones, ya que los actores económicos se ven afectados por la constante variabilidad en las reglas del juego.
Ante este escenario, las bolsas sostienen la necesidad de adoptar una política agroexportadora que incluya un esquema impositivo que no distorsione y que impulse tanto la producción como el agregado de valor.
Asimismo, expresaron su disposición a colaborar con las autoridades para contribuir en la elaboración de políticas que encuentren soluciones al grave deterioro de las variables económicas. Además, manifestaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en los desafíos y urgencias que demanda el momento actual.
