El Concejo Deliberante de Azul, dividido en su decisión, aprobó la “Tasa de Servicios Esenciales” que se calculará en litros de gasoil, genera incertidumbre sobre su destino y condenas sobre su cuestionable constitucionalidad. El Centro Empresario de Azul, la FAA Filial Cacharí Parish, la Sociedad Rural de Azul y la Sociedad Rural Argentina (SRA), decidieron que realizarán presentaciones ante la Justicia para que quede sin efecto.
Lilian Baldovino, secretaria de Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Cacharí – Parish, expresó a TN: “El día 5 de diciembre sesionó el Concejo Deliberante con la asamblea de grandes contribuyentes para darle la aprobación final a las nuevas Ordenanzas Fiscal y Tributaria. A todas las tasas que existen se agrega la Tasa de Servicios Esenciales que grava a todos los inmuebles urbanos y rurales con una alícuota de liquidación mensual a valor actualizado del gasoil al día 10 del mes que se liquide y que implica una gran erogación para el sector rural”.
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En este contexto, destacó la difícil situación del sector rural, especialmente en la zona norte de la cuenca del Salado, que fue afectado por una intensa sequía durante tres años. Baldovino subrayó: “Al sector rural le quita un porcentaje importante de ingresos que puede destinar a la misma actividad, esto afecta también a toda la actividad comercial de Azul, este es un partido netamente agrícola ganadero. Esto impacta porque a medida que el productor rural tenga que ajustarse va a haber menos ventas en los comercios”.
Ante la imposición de la nueva tasa, Baldovino indicó: “Cuando salga publicada en el Boletín Oficial del municipio, cada entidad eligió sus abogados, los productores están viendo también cómo se van a asesorar legalmente. Nosotros hemos elegido a uno de los mejores abogados tributaristas del país para litigar en la problemática del sector rural.”
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Respecto a las acciones a tomar, señaló: “No nos queda otra que iniciar acciones legales, este abogado nos permite a los pequeños productores iniciar el reclamo. El abogado ya tiene preparado el escrito, lo mismo va a realizar el Centro Empresario de Azul”.
Además, Baldovino destacó la falta de información en el sector urbano, afirmando: “El sector urbano está totalmente desinformado”. También expresó su inquietud al señalar que “el municipio tiene un saldo en rojo de $3000 millones y creemos que hubo un acuerdo entre el Intendente entrante (Nelson Sombra) y el saliente (Hernán Bertellys) para que no lo investigue demasiado”.
El conflicto entre los productores y el municipio promete nuevos capítulos
En medio de un clima de tensión, la presidenta del Concejo Deliberante tuvo que desempatar la votación, que finalizó con 17 votos a favor y 16 en contra. Ante este escenario, Aníbal Chiramberro, director del Distrito 10 de la FAA, expresó que “se iniciarán las acciones legales pertinentes”. El conflicto entre los productores y el municipio de Azul promete escalarse en los tribunales, marcando un capítulo tenso en la relación entre el sector agrario y las autoridades locales.
Esta medida, impulsada por el intendente entrante Nelson Sombra, que asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, implica un aporte adicional significativo para los productores, estimado en alrededor de $2.500 millones por año.
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El proyecto fue respaldado en el Concejo Deliberante, estableciendo diferentes tarifas según la ubicación y el tipo de inmueble. Para los inmuebles urbanos, la tasa se calculará mensualmente como el equivalente a 2 litros de gasoil común al precio surtidor de la estación de servicio YPF del día 10 del mes de liquidación. Para inmuebles rurales y urbanos en localidades específicas, se establecen tarifas adicionales por hectárea, calculadas en términos de litros de gasoil.
En este sentido, Facundo Soler, productor, contratista y secretario de la Sociedad Rural de Azul, expresó que el distrito abarca 640.000 hectáreas, y a un valor actual del gasoil de $350 por litro, la nueva tasa podría significar una recaudación potencial de aproximadamente $224 millones por mes. Los productores consideran que la imposición de esta tasa carece de una contraprestación clara y que los municipios no deberían tener la potestad de aplicar impuestos de esta magnitud.
Por último, Soler destacó la falta de transparencia en el uso previsto para los fondos recaudados y señaló que la deuda del municipio, que asciende a $3000 millones, es estructural, lo que plantea dudas sobre la temporalidad de esta medida. También subrayó un error fundamental al vincular la tasa al litro de gasoil, un índice que está atado al dólar y cuyo futuro es incierto, lo que podría resultar en incrementos exponenciales. Este descontento llevó a los productores a anunciar la iniciación de acciones legales para impugnar la nueva tasa, marcando un enfrentamiento entre el sector agropecuario y las autoridades municipales.
