La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron una “profunda preocupación por expresiones de autoridades políticas” relativas a la reciente decisión judicial que no homologó el plan de pagos de la agroxportadora Vicentin. Y advirtieron que la incertidumbre sobre Vicentin pone en riesgo al empleo de toda la industria aceitera.
Fue en alusión a lo que escribió el presidente Alberto Fernández en la red social X: “El Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina”. En un sentido similar se expresó la titular de la entidad monetaria, Silvina Batakis.
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Desde CIARA y CEC consideraron “imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”.
Plantearon la situación delicada de la agroindustria “en un momento en el que la macroeconomía muestra signos de debilidad y la sequía impactó en la industrialización y exportación, y las recientes medidas judiciales podrían afectar la estabilidad laboral y el funcionamiento de toda la industria, en medio de “tensiones sociales de público conocimiento”.
Sin perjuicio de lo anterior, CIARA-CEC tomó posición sobre el accionar desde el Gobierno: “Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería operar en igualdad de condiciones ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier trato diferencial en términos financieros, impositivos u otros podría tener graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”.
Imprecisiones de Alberto Fernández sobre la causa Vicentin
En su cuenta de X (ex Twitter) Fernández subrayó: “Eso significa que, como siempre reclamamos, no se va a consumar la trampa de aquellos acreedores privados que, perjudicando al Banco Nación y a los 1290 productores agropecuarios, pretendían quedarse con la empresa pagando unas monedas”. En rigor, 1017 acreedores (en un total de 1600, son el 62,87%) avalaron el plan de pagos, y tenían expectativa de empezar a cobrar.
Con todo, el presidente también enfatizó: “Ahora se ha logrado abrir la instancia que permite alcanzar lo que siempre buscamos: mantener la unidad productiva para evitar su desguace y conservar las fuentes de trabajo”.
Por último, el Presidente destacó: “No era un problema de ‘tibieza’, como muchos plantearon. Corregimos nuestros pasos y se actuó con inteligencia para preservar los derechos del Estado del mejor modo”.
“Peligrosamente cerca de una quiebra”, alertan empresarios santafesinos
Frente a ello, el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA) la decisión del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, de rechazar la homologación del acuerdo de pago de Vicentin y abrir un proceso de “cramdown”.
“De manera inesperada e intempestiva, el juez Lorenzini sorprendió con una resolución del concurso Vicentin realmente insólita”, consideraron los empresarios nucleados en CORENOSA, integrado por más de una docena de entidades productivas de la provincia.
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En ese sentido, remarcaron que el magistrado rechazó las impugnaciones al acuerdo presentadas por 5 acreedores (cuatro del Estado y un privado, que representan el 13% del pasivo), pero también la homologación de la propuesta, pese a que fue aceptada por más de 1000 acreedores (63% de las cápitas y 73% del capital).
Y concluyeron que “el proceso de cramdown, además de alargar en más de un año el derecho de los acreedores a recuperar parcialmente sus créditos, coloca a la sociedad, y a las miles de familias que trabajan directa o indirectamente en Vicentin, peligrosamente cerca de una quiebra, que puede precipitarse por un montón de cuestiones”.
