En el marco del Congreso Maizar, el sector agroexportador se pronunció enérgicamente contra las políticas oficiales en materia de comercio exterior. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), aprovechó la oportunidad para expresar su descontento y hacer un llamado al próximo gobierno.
“Hay menos expertos en comercio y la inserción internacional que expertos en cerrar mercados”, señaló Idígoras, destacando la existencia de más ministerios que obstaculizan el comercio exterior que personas que trabajan en abrir nuevos mercados.
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El sector exportador reclama una reducción de medidas como los fideicomisos, el “dólar soja” y los volúmenes de exportación, y clama por una mayor agilidad y flexibilidad en los trámites.
Los cambios que reclama el sector agroexportador
Idígoras dejó claro que el próximo 11 de diciembre, día en que asumirá el nuevo gobierno, es necesario eliminar estas trabas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Argumentó que el maíz, el cultivo más exportado del país con presencia en 117 mercados, ha enfrentado numerosas dificultades que limitan su operatividad en comparación con competidores como Estados Unidos y Brasil.
“Ninguno de esos países cuotifica sus exportaciones. Argentina tiene cuotas anuales; este año de 20 millones de toneladas”, indicó.
El dirigente mencionó los obstáculos que enfrenta la producción de maíz en Argentina, como el impuesto de retenciones del 12% a cada embarque, cuotas anuales de exportación, registros de embarques con hasta 360 días de anticipación y cambios frecuentes en las políticas comerciales. Estas restricciones generan pérdidas millonarias y obstaculizan la competitividad del sector.
Idígoras ilustró su argumento con un ejemplo concreto sobre la dificultad para despachar el maíz hacia el sudeste asiático. Mencionó que, a pesar de que el trayecto en barco lleva un mes, los exportadores deben ingresar el flujo de esa exportación en un plazo de 15 días. De no cumplir con este requisito, los directores de las empresas corren el riesgo de ser encarcelados.
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Con estas críticas, los agroexportadores buscan marcar agenda y generar un cambio significativo en las políticas comerciales del país. El sector espera que el próximo gobierno atienda sus reclamos y promueva condiciones más favorables para la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de la agroindustria argentina.
