Hace pocos días el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó un Plan Federal Agroindustrial. En el encabezado de este documento cita textualmente: “Somos representantes de productores, cooperativas y empresas pequeñas, medianas y grandes, que apuestan a generar empleo en todo el país, a través del fortalecimiento de las interacciones público-privadas”.
Desde el propio encabezado existen algunas situaciones que consideramos oportuno analizar y que nos motivaron a escribir estos párrafos. En primer lugar, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se atribuye la representación de quienes adhieren a las entidades que lo conforman y ahí surgen algunas preguntas: ¿Esto implica que las entidades integrantes han cedido al CAA la representación de sus diferentes intereses, a veces contrapuestos? y enseguida viene otra pregunta ineludible: ¿Si esto es así cuál es la razón de ser de las entidades que lo conforman, si ahora quien plantea ejercer esa representación es el CAA?. Parecen preguntas duras, pero en realidad es una invitación a continuar con este pequeño ejercicio de análisis.
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Es ampliamente conocido que el riesgo de intentar representar intereses diversos suele dar como resultado que algunos de ellos prevalecen por sobre otros, con beneficiados y perjudicados; el Consejo, que a priori y dentro de ciertas líneas estratégicas de acción, es una buena idea, se vuelve susceptible a perder fuerza de sustentación y quienes en determinado momento abonan al espacio pueden dejar de hacerlo, tal como ya ocurrió con SRA, Federación Agraria y CRA, entre otras.
En un intento por suavizar este momento de posible tensión en algunos lectores, generado por las preguntas y reflexiones anteriores, proponemos interpelarnos una vez más: ¿Acaso no sería suficiente con que el CAA se limite a funcionar como un órgano de facilitación, coordinación y armonización; potenciador de los intereses en común de las entidades participantes, sin la atribución de representación que les son propias a ellas?
Existen algunos ejemplos en los que esta facilitación-coordinación-armonización podría tener un gran impacto en eficiencia para una competitividad económica mejorada de todo el ecosistema agroindustrial, como el análisis y reducción de los costos de transacción (se podría trabajar décadas tras este único objetivo con numerosas implicancias hoy inimaginables); o promover negociaciones internas conducentes a hallar soluciones creativas y sinérgicas a los conflictos de intereses que de hecho existen intra cadenas y a nivel de red en el agro; o tal vez en soluciones logísticas más eficaces y eficientes; o también en el posicionamiento internacional generalizado y conjunto de las diversas producciones argentinas exportables.
Como espejo de todo lo anterior y continuando con el foco en la representación de intereses, resulta pertinente poner de manifiesto que no pocas entidades de productores mantienen en sus propios estatutos, representaciones de intereses que lejos de ser categóricas son difusas, y esto propicia que en la misma mesa directiva estén sentados, por ejemplo, arrendador y arrendatario para hacer mención del caso más común, bajo la presunción de que la entidad que los nuclea defiende los intereses de ambos, cuando sabemos perfectamente que se trata de una ilusión, por la sencilla razón de que los intereses que los movilizan son distintos y hasta contrapuestos en muchos casos.
Es difícil aportar todas las certezas, pero tampoco hay lugar para muchas dudas, de que la revisión de estos aspectos en los diferentes niveles constituye un camino sumamente válido y con carácter de urgente, en relación a las causas de las crisis de representación que sufren tantas entidades del agro por la escasez y/o debilidad en la participación que convocan.
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Volviendo al documento del CAA en la página 46 propone: “Establecer por ley un programa de reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales a 10 años” (sic) y continúa: “se propone una reducción gradual para no afectar intempestivamente los ingresos fiscales del Estado Nacional y, considerando la necesidad de colaborar con el plan de estabilización macroeconómica” (sic) para luego agregar: “Los insumos y productos procesados quedarían sin derechos de exportación desde el inicio del Plan.” (sic) cuyo detalle aparece en una tabla en el Anexo III, donde puede visualizarse que el último producto en quedar libre de los impuestos a las exportaciones es la soja, en 2033. Sí 2033, no es un error de redacción.
Es decir, desde su Introducción, el documento del Plan Federal Agroindustrial enuncia en primer término que representa a los productores, para luego en el apartado destinado a Derechos de exportaciones, proponer un nuevo mecanismo gradualista, ya conocido y que fracasó, sin argumentos de base técnica que sustenten los guarismos aplicados a la reducción gradual, y que no obstante dan continuidad a esquemas de intervención estatal en el que no todos somos iguales ante la ley.
Nos genera curiosidad conocer la opinión al respecto, de los algo más de 200.000 productores que aún existen (y ojalá sobrevivan a la devastadora sequía actual) si es que en los hechos se sienten representados por estas propuestas, en relación a continuar alimentando por una década más a la brutal transferencia de recursos hacia un Estado Nacional dominado mayormente por el gigantismo, la ineficiencia, la ineficacia y el intervencionismo, mientras todo el interior productivo se ha venido empobreciendo a expensas del combo siniestro de impuestos a las exportaciones, brecha cambiaria y atraso estructural.
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Más allá de la valorable dedicación empeñada en la publicación del Plan Federal Agroindustrial por parte del CAA y el planteo realizado aquí respecto de sus enunciados de representación; en pleno desenlace de la peor sequía que hayamos vivido quienes aún tenemos la buena fortuna de caminar estas benditas tierras argentinas, y a 15 años de la Resolución 125/08, el reclamo por la eliminación total y con urgencia de los impuestos a las exportaciones, mal llamados retenciones, es inclaudicable.
Estos impuestos distorsivos que aportaron al fisco más de 175 mil millones de dólares coadyuvaron enormemente y por diversos mecanismos a la generación de la pobreza clientelar y estructural que sufrimos hoy en Argentina. Ya ya va siendo hora de resolver esta cuenta pendiente que creció a la sazón de este tipo de políticas y alcanza al 50% de nuestros compatriotas.
Además urge su eliminación para evitar la desaparición de una gran cantidad de productores, en medio de un contexto donde la sostenibilidad económica de una abrumadora mayoría de ellos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, se encuentra seriamente amenazada.
(*) Los autores son ingenieros agrónomos de SustentiaGroup, consultora de sostenibilidad e impacto empresarial.
