Empresarios y productores del sector cuestionaron la canasta de frutas y verduras que fue incluida en los “Precios Justos”, según lo anunciado este martes por el secretario de Comercio, Matías Tombolini.
La canasta, que tiene vigencia desde este miércoles 1° de marzo hasta el 31 de este mes, podrá encontrarse en grandes cadenas de supermercados del AMBA y está compuesta por 6 productos: papa negra ($189 por kilo), tomate redondo ($299), lechuga ($569), manzana Royal Gala ($399), cebolla ($189) y bananas ecuatoriana ($470) y subtropical ($360).
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Consultado por TN, el secretario de la Asociación de Productores de Alto Valle (APAV), Carlos Borocci, consideró que este acuerdo, además de durar “solo por 30 días”, deja afuera al 98% de la producción de frutas de Río Negro y Neuquén, ya que se encuentran en plena cosecha y casi no queda remanente de la campaña pasada.
En ese sentido, resaltó que no abarca a la pera, ya que más de un 90% se exporta, y solo incluye a una variedad de manzana, la Royal Gala, cuando el gusto de los consumidores argentinos se inclina por la variedad “red deliciosa”.
“De toda la producción argentina, la Royal Gala puede representar el 1% o 2%. Es rica, pero pequeña, al argentino no le gusta y prefiere la red deliciosa y que está en pleno proceso de cosecha. Por eso, no pueden hacer un acuerdo sobre una variedad que ni siquiera salió a la comercialización. En definitiva, no está comprendida la fruticultura argentina en ese acuerdo”, señaló.
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En diálogo con TN, el productor minorista y empresario frutihortícola, Mariano Winograd, quien se dedica a esa actividad desde hace más de 40 años, también dio su opinión sobre la iniciativa oficial. “Los precios furtihortícolas anunciados por Tombolini solamente pasan por su cabeza. Está preocupado por la inflación, pero no por la producción, al igual que el ministro de Economía, Sergio Massa”.
Sobre eso, explicó: “Los precios fluctúan en función de la oferta y la demanda. Si esta semana suben, la que viene pueden bajar. Si no bajan, es porque hay escasez de oferta, y eso se debe a que la política argentina viene destruyendo el sistema productivo desde hace añares”.
Por su parte, Borocci recordó una reunión que mantuvo con Massa el pasado 23 de noviembre, donde le explicó que no era posible incluir a las peras en los Precios Justos, como pretendía el funcionario. “Le dije que más del 90% de la pera se exporta, por lo cual no hay forma de que vaya una mitad al mercado interno y la otra al exterior, que era la condición para acceder a un dólar diferencial”.
Una actividad en crisis
Winograd ejemplificó que desde 1979, cuando él se recibió de ingeniero agrónomo, hasta la fecha, han desaparecido unas 200.000 hectáreas frutihortícolas a lo largo del país, junto a “una cantidad sustancial” de productores.
“En San Pedro y Baradero, había 15.000 hectáreas de frutales, cuando hoy hay 3000. Se redujo un 50% la producción de manzana y pera en Río Negro y Mendoza. Está en crisis el arándano, que este año prácticamente desaparece del mapa productivo de la Argentina. También desapareció la horticultura alrededor de Rosario, donde había 15.000 hectáreas de papas, espárragos, y quinteros. Al igual que sucedió con toda la producción que va desde Escobar hasta Florencio Varela, quedando restringida a La Plata”, describió sobre lo sucedido durante los últimos años.
De hecho, en simultáneo con la protesta que la mesa de enlace realizó en Santa Fe, productores frutícolas nucleados en APAV y otras entidades se movilizaron este martes en la provincia de Río Negro para dejar plasmada la crisis que vive el sector, que se agravó con el daño que sufrieron por las heladas tardías y el granizo.
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Entre otras cosas, los productores alertaron sobre el perjuicio que les causa la brecha cambiaria en las exportaciones del rubro. Al respecto, Borocci recordó que nunca se puso en práctica el dólar para economías regionales que Massa había anunciado el pasado 7 de noviembre en Mendoza.
En tanto, Winograd analizó que los inmigrantes portugueses, japoneses y españoles, que fueron la base de este sistema productivo, abandonaron la actividad. “Afortunadamente, la inmigración boliviana ha permitido que la Argentina no se quede desabastecida”, señaló.
“Si la política argentina quiere preocuparse por la frutihorticultura, tiene que apuntar a un plan de 20 años de reconstrucción de nuestro aparato productivo. Todas las declaraciones estridentes, acerca de que quieren controlar los precios, es hojarasca para la gilada”, concluyó Winograd.
