Las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro) recurrieron a la Justicia para frenar el pago del bono extraordinario para peones rurales, que reclamó la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y fue confirmado en 2022 por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
La cautelar fue presentada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 71. Desde un primer momento, las 4 gremiales manifestaron su rechazo al pago del bono, al considerar que muchos productores no están en condiciones de afrontar esa suma para cada uno de sus empleados, en un momento de sequía y falta de rentabilidad.
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Según explicaron desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) a sus socios, la acción judicial “está enmarcada en la decisión tomada el 22 de diciembre pasado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en la cual el Ministerio de Trabajo de la Nación junto con la UATRE y en oposición a la postura de las entidades de productores establecieron un aporte de $26.000 adicionales a los $24.000 del resto de los trabajadores”.
Durante diciembre del año pasado, UATRE acordó en la CNTA el pago de este monto adicional, lo que totaliza $50.000, sumando los primeros $24.000 que se habían establecido con anterioridad para los trabajadores rurales.
El impacto de la sequía en los productores agropecuarios
Inmediatamente, a través de declaraciones de sus titulares y con comunicados formales desde las entidades de la mesa de enlace, se dejó de manifiesto el rechazo a este pago adicional, argumentando que no están dadas las condiciones para afrontarlo, debido a la situación climática que atraviesa el sector, el contexto político-económico y la falta de rentabilidad.
En enero, la mesa de enlace de entidades agropecuarias y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) resolvieron presentar un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, para no pagar el bono de fin de año por $50.000 para cada trabajador rural, estipulado en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
En el sector empresario del campo explicaron que la decisión fue tomada luego de diversas reuniones técnicas, y tras expresar “numerosos y sólidos argumentos en oposición a la propuesta de pagar una suma adicional de $26.000 al bono establecido mediante Decreto N° 841/2022 de $24.000″.
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En un comunicado, las entidades expresaron su descontento con relación al tratamiento del tema. “La medida adoptada no toma en consideración la situación actual de los empleadores rurales, que ya se ha hecho pública en reiteradas oportunidades”, puntualizaron.
Indicaron que “la resolución había sido previamente tratada y acordada de manera paralela entre los representantes del Estado nacional y los del sector sindical, acto que atenta en contra del espíritu y objetivo de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”.
La controversia entre la CEEA y UATRE viene sumando elementos de presión de ambas partes: a la queja de la mesa de enlace por una decisión unilateral se contrapone al pedido de la gremial de trabajadores por una recomposición salarial.
