En el marco del debate por una nueva Ley de Humedales en el Congreso, antes que impulsar una ley que pretenda imponer restricciones, prohibiciones y en definitiva a través de ello atentar contra la propia sostenibilidad de lo que se pretende conservar, proponemos el camino de promover incentivos y desincentivos.
Estos deben ser contemplados y cuidadosamente analizados a través de sus propietarios, los propios usuarios, consumidores y habitantes de los ambientes en cuestión, de manera tal que no dependan de una autoridad, sino del desarrollo de un auto equilibrio, a través de una norma positiva con mecanismos transparentes e incorruptibles.
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Vemos con preocupación discusiones en temas de políticas públicas ambientales, donde el paso del tiempo, el no involucramiento de todas las partes interesadas y la ideología, permiten legislaciones ineficientes o inequitativas, o bien dilaciones eternas en su discusión.
Algunas de las actuales legislaciones ambientales mantienen mecanismos que han garantizado una mayor intervención del Estado sobre el sector privado. No obstante, la evidencia muestra que, lejos de mejorar la sustentabilidad, han consagrado la discrecionalidad.
Es esperable que si hay argentinos dispuestos a discutir hasta el hartazgo por cualquier tema que le pongan adelante, nuestros legisladores lleven la misma impronta al Congreso y cada quien lucha por imponer “su” definición en el caso de los humedales,
En el caso que nos convoca, es importante evitar convertirse en presa de la ingenuidad inducidos por titulares rimbombantes prima facie, bienhechores y desinteresados. Porque si bien en la mayoría de las discusiones argentinas existen cuotas de narcisismo y ego que hasta se promueven como simpáticas e identificatorias del “ser nacional”, detrás de esas acaloradas “pasiones” parlamentarias, en muchos casos, se esconden espurios intereses.
Pero no siempre son expuestos transparentemente y por ello resulta importante evidenciarlos de cara a la ciudadanía no especializada en temas complejos y específicos como los proyectos de leyes de humedales en danza.
Adónde debe apuntarse con los presupuestos mínimos
Una norma aggiornada sobre humedales, y que plasme el aprendizaje de errores del pasado de otras leyes similares, debe ser sustentable, y para ello requiere en primer término de una definición honesta, exenta de intereses particulares o ideológicos, basada en el conocimiento científico y observando las experiencias exitosas de otros países.
A partir de ello, probablemente una Ley de Presupuestos Mínimos debería limitarse a realizar un Inventario Nacional de Humedales coordinado, que permita generar información, conocimiento y educación con altísima precisión respecto de las particularidades de cada región argentina donde existan este tipo de ecosistemas.
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Además, debería estudiar la sustentabilidad de esas comunidades y sistemas productivos que cohabitan con ellos, sin intervenir en las competencias provinciales; y evaluando mediante indicadores los niveles de sostenibilidad de triple impacto ambiental, social y de gobernanza de estas realidades productivas y culturales.
Otra condición para la sustentabilidad, consiste en evitar la creación de mecanismos que puedan ser manchados por la corrupción. Es demasiado frecuente que las aprobaciones, que deben pasar por alguna autoridad, terminan siendo algo muy parecido a una ventanilla de peaje informal.
La cuestión ambiental es un tema demasiado serio como para dejarlo en manos de ambientalistas ideologizados y funcionarios, que muy frecuentemente representan intereses no expuestos y con su accionar desacreditan los alcances y posibilidades reales de la sustentabilidad.
El criterio utilizado en otros países
Así como para clasificar los suelos en Argentina y en la mayor parte del mundo se utiliza la “Taxonomía de suelos del USDA”, fundamentada en una extensa recopilación de datos y criterios precisamente determinados, del mismo modo podrían observarse las definiciones y sistemas que toma en consideración la Agencia de Protección Ambiental (EPA) basadas en dos publicaciones de gran prestigio.
En ninguna de las definiciones se incluyen a los suelos con rasgos de hidromorfismo que no estén saturados o anegados la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, la definición es un tema central en el marco de la ley, para evitar incluir en los inventarios de humedales áreas que no lo son, con las previsibles consecuencias para las provincias y los propietarios.
Más aún la definición adoptada se vuelve crucial, cuando algunos de los proyectos proponen la prohibición del uso de sustancias químicas, sin especificar cuáles, mediante aplicación terrestre o aérea.
No se necesitan más leyes para combatir los incendios
El hecho de que en ciudades ribereñas como Rosario sufran las consecuencias de incendios, señalados por una amplia mayoría de sus damnificados como intencionales, requiere de la aplicación del actual marco legal vigente y que los responsables resuelvan su accionar ante la Justicia.
Es infantil creer que una ley de humedales impuesta, sin el análisis ni el consenso necesario, que además choca con la potestad de las provincias y del sector privado, vaya a resolver este y otros problemas que son esgrimidos por los grupos de presión.
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Ya existen leyes del manejo del fuego en Argentina desde 2012, a la que se le introdujo en 2020 una modificación muy cuestionada con el artículo 22 bis, que sin embargo no evitaron que un millón de hectáreas se quemaran por completo en Corrientes.
A lo sumo, impusieron restricciones por el término de 60 años a ciertos damnificados, pero ello no resuelve el daño causado, e inclusive podría interferir con una adecuada regeneración conducida.
(*) Los autores son ingenieros agrónomos de SustentiaGroup, consultora de sostenibilidad e impacto empresarial.
