Tras una serie de allanamientos en el sur de la provincia de Salta, 66 peones rurales de una comunidad wichi formoseña, dedicados a la cosecha de limones, fueron encontrados en situación de explotación laboral. La denuncia incluye demoras en los pagos de los jornales, trabajo a destajo y pésimas condiciones habitacionales.
Esa situación activó una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, en colaboración con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Salta.
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Se hicieron dos operativos relámpago y simultáneos. Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa. El otro operativo fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel”; allí unos 45 trabajadores “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia señalaron que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. A partir del “rescate” se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal. En los operativos también participó personal de la AFIP.
Las empresas en la mira son dos: la contratista Dynamic Agroservices y Padilla Citrus, ésta última propiedad de Pablo Padilla, presidente de la Asociación de Citricultores del NOA (ACNOA), quien negó su responsabilidad. Dijo que tiene 1500 cosecheros registrados, que cobran incluso un 5% más que el convenio laboral de la actividad (aproximadamente 2,5 salarios mínimo vital y móvil.
El empresario contraatacó diciendo que uno de los alojamientos es de un dirigente gremial enfrentado a otro sindicalista que habría impulsado la denuncia, en una supuesta puja de influencias políticas sobre sectores sociales vulnerables.
Con todo, otras versiones indican que fueron los propios trabajadores, a través de las comunidades wichí de Formosa, quienes avisaron a algunos medios de comunicación que no tenían baños químicos ni agua, que vivían hacinados y que la patronal no les pagaba los jornales. Después de esas denuncias se habría producido la intervención de las autoridades.
