El fallo judicial que declaró nula una suba de retenciones al maíz fue valorado por referentes de la mesa de enlace y diputados de la oposición. Se trata de la sentencia de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, que avaló el reclamo de la empresa agroexportadora Bunge Argentina sobre un incremento del 20% al 28% en los derechos de exportación al maíz, instrumentado por el Gobierno nacional en 2008, sin respaldo del Congreso de la Nación.
Al respecto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, afirmó a TN: “Desde nuestra entidad, apoyamos totalmente a este fallo. Esto de establecer medidas con una lapicera desde una oficina, costumbre de éste y otros gobiernos, es una situación que ha puesto al campo de rodillas. Necesitamos que la Justicia tome protagonismo y vamos a apoyar esta decisión con toda la fuerza de la ley”.
En ese sentido, el dirigente agropecuario comentó que están trabajando en “una estrategia política, judicial y legislativa para terminar con este abuso impositivo”.
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Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, consideró: “Luego de que no se aprobara el proyecto de presupuesto 2022 (que prorrogaba por otros dos años la facultad del Ejecutivo para fijar las retenciones), estamos averiguando con distintos estudios jurídicos, porque son los productores directamente los que deben llevar adelante estas acciones”.
En ese sentido, comentó que este martes mantendrán un encuentro con un abogado constitucionalista para asesorarse de qué manera accionar y acompañar a los productores a hacer el reclamo. “Como en todo este tipo de situaciones, siempre hay dos bibliotecas y una cuestión económica de por medio. Estos trámites no son sencillos ni baratos, por lo que tampoco queremos lanzar a los productores a que asuman un costo sin tener algún tipo de garantía del resultado a obtener. Por eso, éste es un fallo que esperábamos con mucha expectativa”, afirmó el dirigente de la entidad que integra la mesa de enlace junto a Coninagro, Sociedad Rural y Federación Agraria.
Desde la oposición también destacaron el veredicto
En tanto, referentes de la oposición vinculados al campo, como el caso de los diputados y productores agropecuarios Ricardo Buryaile y Pablo Torrello, del bloque de Juntos por el Cambio, también dialogaron con TN sobre la importancia de esta decisión judicial.
El fallo “ratificó que la facultad de legislar las retenciones la tiene el Congreso y no el Poder Ejecutivo. Es razonable y está en línea con otro fallo que hubo antes (en 2014), que es el de (la empresa) Camaronera”, señaló Buryaile, quien también fue vicepresidente de CRA y ministro de Agroindustria de la Nación.
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Torello, quien se definió como “productor antes que diputado”, aseguró: “No entiendo como la Justicia, que ya señaló que son un impuesto en el fallo Camaronera, acepta que haya un 33% de retenciones (a la soja). Independientemente de eso, este tribunal es el más importante, especializado en cuestiones impositivas y aduaneras, y dice en concreto que las retenciones son inconstitucionales sin pasar antes por el Congreso. Aunque las decisión puede ser revisada por instancias superiores”.
“El perjudicado es el productor y no el exportador”
Pasando a las cuestiones más técnicas de la resolución, Torello explicó que el fallo, si bien le da la razón a Bunge, no le dio derecho a que se le retribuya el dinero “porque no padeció perjuicio alguno, al ser un intermediario en la operación”.
Al respecto, se explayó: “En realidad, el perjudicado es el productor, porque se le termina descontando del precio. El tribunal tomó como perjudicado al comprador extranjero, tampoco al productor, cuando en realidad sí lo es. Si bien erra en ese concepto, dejó la puerta abierta para que los productores puedan accionar, porque establece un principio importante, al considerar que los exportadores son sujeto de derecho del gravamen y los agricultores sujetos de hecho. Por eso, si entre exportadores y productores se pusieran de acuerdo podrían reclamarle al Estado para que devuelva todos los derechos de exportación (DEX) que fueron puestos por decreto”.
Por su parte, Buryaile afirmó: “A la retención, Bunge la tendría que poder cobrar porque la pagó formalmente, pero se la descontó al productor, que es el perjudicado directo. Porque esto es un impuesto a la exportación, pero se puede demostrar perfectamente que termina pagando el que le vende al exportador”.
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Torello evaluó que los últimos incrementos de las alícuotas, que pasaron del 30% al 33% durante 2019 en el caso de la soja, fueron puestas por ley, por lo que en ese caso no cabría la posibilidad de un reclamo legal. “Pero todo lo referido a cortarle el poder discrecional al Ejecutivo es muy importante, ya que de ahora en más tendrá que pasar por el egislativo”.
En cambio, según la interpretación de Buryaile, las actuales retenciones también carecerían de legitimidad, ya que esa norma le dio autorización por 2 años al Ejecutivo para fijarlas, por lo que el Congreso debe establecer un nuevo esquema para que se sigan cobrando con un respaldo legal. “La norma fue ratificada por un espacio de tiempo, pero hoy siguen vigentes, sin facultades del Ejecutivo para poder fijarlas”.
Proyectos para bajar las retenciones
En ese sentido, Torello recordó que presentó en el Congreso una iniciativa para reducir los derechos de exportación de manera escalonada. Allí, se establece una disminución gradual, hasta llegar a la quita total, de este gravamen a la producción agropecuaria.
El proyecto del legislador bonaerense impulsa una quita paulatina del 0,25% mensual, es decir un acumulado del 3% anual, hasta la desaparición del tributo. Salvo durante el primer año, que bajaría 5% para la soja y 3% para el trigo y el maíz.
Así, durante los primeros 12 meses de implementación, la oleaginosa pasaría a pagar un 28% y ambos cereales un 9%, teniendo en cuenta los niveles actuales. En tanto, esa carga fiscal sobre la soja desaparecería por completo en 2028.
“Lo importante es que este esquema sería puesto por ley, en caso de ser votado. El Gobierno tiene que volver al Congreso, porque ya estamos cansados que cualquiera las suba por decreto”, señaló.
En ese sentido, vale recordar que un grupo de 22 diputados, 20 del PRO y los 2 del bloque La Libertad Avanza que preside Javier Milei, presentaron días atrás un proyecto para derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, y así evitar cualquier tipo de dudas respecto a si el Parlamento es o no el único habilitado para fijar las alícuotas.
Sobre eso, Torelli opinó: “En realidad, lo que hace el Código Aduanero es delegar facultades. Pero para eso, tiene que pasar por el Congreso. Por eso, la realidad es que si se eliminan los DEX, ya no importa si está el Código Aduanero o no. A eso tenemos que apuntar, porque el 70% de los dólares que ingresan al país son del sector agropecuario”.
