Las 4 entidades de la mesa de enlace (Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural y Coninagro) le solicitaron este viernes al Congreso que trate una disminución de las retenciones, tras el rechazo al Presupuesto 2022 que permitía que el Ejecutivo nacional las fije por decreto.
“Si el presidente no escucha, que el Congreso se haga cargo”, dice el comunicado firmado por los ruralistas. Allí, señalaron: “En el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) le solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país”.
En ese sentido, remarcaron: “Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación lleve adelante sesiones extraordinarias, desde el sector de la producción instamos a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas legislativas a generar un espacio de debate que resuelva esta situación”.
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“En momentos como este, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias provincias, este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos”, agregaron.
En ese sentido, recordaron que el 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública, aprobada en diciembre del 2019, que delegaba en el presidente Alberto Fernández la posibilidad de reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación (DEX).
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“La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, señalaron.
“Desde la CEEA exhortamos a las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación. Nuestro país necesita reglas claras y justas que fomenten la institucionalidad democrática”, enfatizaron.
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Vale recordar que, durante la asamblea de Armstrong, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, había adelantado que desde las entidades trabajarían, en la Justicia y el Congreso, para que las retenciones sean declaradas inconstitucionales y se fije un nuevo marco regulatorio que permita una disminución de las mismas.
La oposición busca eliminar las retenciones
En este marco, tras el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre, ya fueron varias las iniciativas que se presentaron en el Congreso para quitar o disminuir los DEX.
Recientemente, el legislador santafesino y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, propuso eliminar totalmente las retenciones a la soja, que actualmente son del 33%, y el maíz, que rondan el 12%, en las zonas declaradas de emergencia agropecuaria por la sequía.
Ese proyecto cuenta con el respaldo de los legisladores Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Pablo Torello, Luciano Laspina, Soher El Sukaria, Gabriel Chumpitaz, Virginia Cornejo, Juan Martín, Ximena García, Sebastián García de Luca, Carolina Castets, José Núñez, Adriana Ruarte y Germana Figueroa Casas.
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En tanto, el diputado nacional del PRO y productor bonaerense, Pablo Torello, contó días atrás que prepara una iniciativa para establecer una disminución gradual, hasta llegar a la quita total, de los derechos de exportación (DEX) a la producción agropecuaria. El proyecto del legislador impulsa una quita paulatina del 0,25% mensual, es decir un acumulado del 3% anual, hasta la desaparición del tributo. Salvo durante el primer año, que bajaría 5% para la soja y 3% para el trigo y el maíz.
Así, durante los primeros 12 meses de implementación, la oleaginosa pasaría a pagar un 28% y ambos cereales un 9%, teniendo en cuenta los niveles actuales. En tanto, esa carga fiscal sobre la soja desaparecería por completo en 2028.
Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, adelantó en sus redes sociales el impulso de “una ley para eliminar las retenciones en cuatro años, financiadas con una reducción del 25% en los giros por coparticipación a provincias (las que más ponen son donde más retenciones paga el agro) que, su vez, deberían bajar el gasto un 15% (de una vez y para siempre)”. Una alternativa que también contempla es que la reducción sea de aproximadamente un 4% acumulativo anual durante 4 años.
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El concepto de la propuesta del economista, quien también es productor agropecuario en Pergamino, es devolverles a las provincias los recursos que el Estado nacional retiene por derechos de exportación, y compensarlo con un menor giro por coparticipación que la administración central devuelve a las jurisdicciones del interior federal. Es una manera de evitar la intermediación, y que los recursos queden en cada provincia a través de los productores. Eso implica reducir la intervención estatal, porque el sector privado dispondría de la renta sin injerencia de las autoridades públicas.
En ese sentido, vale recordar que un grupo de 22 diputados, 20 del PRO y los 2 del bloque La Libertad Avanza que preside Javier Milei, presentaron días atrás un proyecto para derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, y así evitar cualquier tipo de dudas respecto a si el Congreso es o no el único habilitado para fijar este gravamen.
