Ocho de cada diez hectáreas quedaron afectadas por la escasez de lluvias y la ola de calor que hubo durante diciembre y la primera quincena de enero. Los datos se desprenden de información provista por el ministerio de Agricultura, y fueron publicados por Coninagro, la entidad más dialoguista de la mesa de enlace, cuyo presidente Carlos Iannizzotto solicitó la actualización y optimización de la Ley de Emergencia Agropecuaria.
Se destaca que hasta el momento son 23,8 millones las hectáreas las que se encuentran “con algún grado de sequía”, aunque la mayoría de la superficie por el momento está catalogada con impacto leve. El documento puntualiza que tanto las estimaciones de producción como económicas “son muy prematuras” y las pocas proyecciones muestran pérdidas puntuales de un 50% respecto de los rindes promedio.
“A nivel regional existe una dispersión muy marcada. En general, la sequía es dispar y difícil de delimitar, pero se observa que el NEA y el NOA ya se encuentran muy afectados, así como también el sudoeste del país y en especial la provincia de Entre Ríos”, explica el informe.
Asimismo, el área técnica de economía de la entidad reveló un dato “alentador” de la situación actual respecto de otras sequías y es que habría un mayor porcentaje de maíz tardío -se estima un 70%- y una mayor diversificación de cultivos.
Un panorama estimado que contextualiza las expectativas
Coninagro agrupó diversas estimaciones de fuentes especializadas y transmitió la idea de que es prematuro hablar de números. “Hablamos más de expectativas y estimaciones que de datos fidedignos. De todos modos, nos da un panorama y contextualiza”, dijo Iannizzotto respecto a los datos actuales.
“El cuadro de situación es tan dinámico que hay zonas que ya están en proceso de recuperación y otras que empeoran. Sí hay mayores certezas en relación a los cultivos más afectados, que son el maíz temprano y soja”, recalcó el dirigente. Y agregó: “Pedimos celeridad en la actualización de la Ley y el fondo de Emergencia Agropecuaria”.
En este sentido, reclamó que la normativa 26.509 sea actualizada ya que, según remarcó, “desde que entró en vigencia en 2009, la ley cuenta con el mismo fondo como herramienta para gestionar la mitigación, gestión e impactos de las emergencias agropecuarias, lo que brinda escaso margen de maniobra”.
Y concluyó que la ley debe ser revisada íntegramente, no solo en los montos sino en sus implicancias y en cómo se aplica. “Es necesario que a las comisiones locales de emergencia, que contempla la ley actual, se les otorgue celeridad”, recalcó. Y agregó que desde la Mesa de Riesgo Agropecuario del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentaron una propuesta con un proyecto de ley como instrumento legal de seguro agrario de amplia adopción, que contemple beneficios fiscales para atender las demandas frente al cambio climático.
