El debate legal sobre la constitucionalidad de las retenciones a las exportaciones agropecuaria se ha ido profundizando tras el rechazo del Presupuesto 2022, que preveía una prórroga por dos años más de las facultades delegadas desde el Poder Legislativo al Ejecutivo. Como el 31 de diciembre venció el plazo de esas facultades establecidas por la Ley 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, desde la oposición preparan proyectos para derogar ese tributo.
En ese marco, la propuesta del diputado nacional del PRO y productor bonaerense, Pablo Torello, establece una disminución gradual, hasta llegar a la quita total, de los derechos de exportación (DEX) a la producción agropecuaria. El proyecto del legislador impulsa una quita paulatina del 0,25% mensual, es decir un acumulado del 3% anual, hasta la desaparición del tributo. Salvo durante el primer año, que bajaría 5% para la soja y 3% para el trigo y el maíz.
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Así, durante los primeros 12 meses de implementación, la oleaginosa pasaría a pagar un 28% y ambos cereales un 9%, teniendo en cuenta los niveles actuales. En tanto, esa carga fiscal sobre la soja desaparecería por completo en 2028.
La propuesta podría presentarse en los próximos días cuando el Ejecutivo nacional llame a sesiones extraordinarias, si es que incluye a las retenciones en el listado de temas a discutir, algo que en ámbitos parlamentarios se estima poco factible. En caso de no incluirse en ese período, la iniciativa tendría que esperar a que se retomen las sesiones ordinarias, a partir del 1° de marzo, para ser presentada formalmente.
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El proyecto también contempla varios beneficios impositivos para el sector, similares a la iniciativa elaborada entre el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y el Gobierno nacional, que ya fue enviada al Congreso y se encuentran en estado parlamentario, pero que no incluye una rebaja de las retenciones ante la resistencia del oficialismo de incluir ese punto.
La polémica jurídica respecto si el Ejecutivo puede seguir fijando o no a las retenciones por decreto, tiene una amplio consenso en el sentido de que ya no pueden incrementarse las alícuotas hasta que no se deleguen facultades. Pero algunos van más allá y plantean la eliminación total de las mismas hasta que el Poder Legislativo fije una nueva norma. Ese es el criterio que esgrimió el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, durante la asamblea de productores en Armstrong.
Por eso, en el sector agropecuario observan atentos las propuestas que puedan presentarse en ese sentido, en momentos donde el oficialismo ya no tiene quórum propio en Diputados ni en el Senado.
José Luis Espert presentó un proyecto para eliminar las retenciones en 4 años
En ese contexto, tal como lo informó TN, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, adelantó en sus redes sociales el impulso de “una ley para eliminar las retenciones en cuatro años, financiadas con una reducción del 25% en los giros por coparticipación a provincias (las que más ponen son donde más retenciones paga el agro) que, su vez, deberían bajar el gasto un 15% (de una vez y para siempre)”. Una alternativa que también contempla es que la reducción sea de aproximadamente un 4% acumulativo anual durante 4 años.
El concepto de la propuesta del economista, quien también es productor agropecuario en Pergamino, es devolverles a las provincias los recursos que el Estado Nacional retiene por derechos de exportación, y compensarlo con un menor giro por coparticipación que la administración central devuelve a las jurisdicciones del interior federal. Es una manera de evitar la intermediación, y que los recursos queden en cada provincia a través de los productores. Eso implica también reducir la intervención estatal, porque el sector privado dispondría de la renta sin injerencia de las autoridades públicas.
Aníbal Fernández salió al cruce del campo y la oposición
Desde el Ejecutivo nacional, el ministro de Seguridad de la Nación y ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, salió al cruce del criterio esgrimido por la oposición y los referentes del agro.
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Según el funcionario, los DEX “son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de una habilitación permanente ínsita en el artículo 755 del Código Aduanero”.
Espert no tardó en responderle a Fernández y aseguró que el artículo 755 “es inconstitucional hasta la médula, porque el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de sus facultades conferidas en la Constitución Nacional”.
En ese sentido, vale recordar que un grupo de 22 diputados, 20 del PRO y los 2 del bloque La Libertad Avanza que preside Javier Milei, presentaron días atrás un proyecto para derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, y así evitar cualquier tipo de dudas respecto a si el Congreso es o no el único habilitado para fijar las retenciones.
