La Justicia de Entre Ríos ordenó el desalojo del campo de 125 hectáreas usurpado por cuatro hombres a la familia Robles. Uno de ellos fue sacado a la fuerza por no presentarse a la audiencia, mientras que los otros tres ya abandonaron voluntariamente el lugar antes de que se cumplan las 48 horas de plazo que les dio el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, quien reemplazó a su colega Ignacio Boris Telenta, que estuvo a cargo de la causa y recientemente se tomó vacaciones. Si bien no quedaron detenidos, los acusados deberán enfrentar una declaración indagatoria el viernes 3 de diciembre.
Rosana Valenzuela, esposa de Gustavo Albano Robles, uno de los 5 hermanos propietarios del establecimiento, aseguró a TN que ya acudieron al lugar con un delegado de la fiscalía para ver en qué condiciones estaba la casa. Allí, se encontró con que los usurpadores habían robado muchas de sus pertenencias y ahora efectuarán una denuncia al respecto.
“Se llevaron todos los elementos nuevos de cocina que había adquirido cuando nos fuimos a instalar durante la pandemia. Faltan los vasos, juegos de té y café, platos y cubiertos. También se llevaron toallas, sábanas, cortinas, la garrafa y hasta la parrilla, que era de mi suegro y por eso representaba un recuerdo familiar para mi marido. Tampoco están los productos de limpieza que había comprado, ni siquiera dejaron las cartas con las que jugábamos a la noche. El delegado fiscal y la policía ya vieron las condiciones en que dejaron la casa, porque tengo fotos de cómo estaba antes”, detalló sobre lo ocurrido en el establecimiento ubicado en Costa Uruguay Sur, a 30 kilómetros de Gualeguaychú.
Rosana también aclaró que podrán instalarse en el hogar a partir de este sábado, una vez que se hayan cumplido formalmente las 48 horas de la orden de desalojo. “La audiencia duró 4 horas y media. Es la primera vez que tuve que pasar por algo así y espero que sea la última”, relató.
Por otra parte, Amelia Angerosa de Céspedes, abogada de la familia, aseguró que la fiscalía pidió la presencia “de forma permanente” de un funcionario policial en la puerta del campo.
“La consigna pedida por la fiscalía fue otorgada por el juez Tobías Podestá, además solicité que en razón de esa situación se ordenara una medida de constatación inmediata con la participación de los dueños del campo para saber en qué estado se encuentra el mismo, la existencia y la condición corporal del ganado vacuno, también de los muebles, útiles, elementos. Es decir sacar un inventario de todo acompañado del delegado judicial”, afirmó.
Además, aseveró que existe “otra medida muy importante, que genera un camino hacia todo este atropello y terminar con lo de irrumpir en una propiedad, porque a alguien se le antoja que le pertenece”.
En ese sentido, dijo que la fiscalía “ordenó el llamado a indagatoria de los tres que vinieron del campo y que estaban en la audiencia, además le ordenó desalojar al cuarto que se quedó en el campo y no concurrió a Tribunales. Es así que esta gente está citada a indagatoria y acusados de los delitos de usurpación en los términos del Artículo 181″.
Un caso que recibió un fuerte apoyo del sector
Vale recordar que todo comenzó el pasado viernes 12 de noviembre, cuando el lugar fue ocupado por los 4 hombres, que pusieron un cartel que rezaba “no pasar, propiedad privada”. Dos de ellos son hermanos, pero solo uno dice ser nieto y heredero de Teodoro Modesto Carles, quien fue dueño del campo hace 51 años, antes de venderlo a la familia Robles.
Rosana aseveró que tienen toda la documentación respaldatoria de la adquisición que su suegro hizo del establecimiento. Incluso, aseguró que el inmueble rural “se volvió a pagar” tras el reclamo de un importante monto de dinero de la viuda de Teodoro, ya que no se había llegado a hacer la escritura antes de su muerte. “Firmaron todos un boleto en conformidad, tras ese pago que hicieron mi marido y mi suegro”, indicó.
En ese marco, la mesa de enlace provincial emitió un comunicado solidarizándose con la familia y cuestionando que la Justicia convalidara “mecanismos ilegales”, cuando todavía no se había ordenado la restitución del lugar habiendo pasado ya más de 10 días.
En tanto, unos 80 productores de Entre Ríos se movilizaron el pasado lunes 22 para solidarizarse con la familia Robles. Allí, se colocó un candado en la puerta, que luego fue quitado por los usurpadores.
El director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, y su hermano Luis Miguel, ex ministro de Agroindustria y ex presidente de la SRA a nivel nacional, estuvieron entre los manifestantes. Como también lo hizo el senador nacional por esa provincia, Alfredo De Angeli.
En octubre de 2020, los Etchevehere enfrentaron la toma del establecimiento Casa Nueva, que había sido ocupado por su hermana Dolores con apoyo de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo, entre los que se destacó Juan Grabois, en medio de una disputa legal y familiar, que la Justicia resolvió a favor de los tres hermanos varones y la madre de Dolores, ordenando el desalojo.