Tras el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que embargó a Vicentin SAIC y a sus directores por $111 millones, a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desde la agroexportadora afirmaron que la acusación “carece de fundamentos y contiene una evidente intencionalidad y animosidad contra la empresa”.
En un comunicado, desde la compañía aseguraron que la sentencia del tribunal se trata de “una medida cautelar que será recurrida en la instancia judicial correspondiente”. Y sobre “el supuesto uso de facturas apócrifas” de proveedores granarios, indicaron que “de ninguna manera Vicentin SAIC ha declarado o interactuado con proveedores que no estuvieran debidamente acreditados por la AFIP”.
En ese sentido, consideraron que “la AFIP es la autoridad competente y si alguno de los miles de proveedores que se vinculan con la compañía en algún momento incurrieron en algún incumplimiento con la autoridad, precisamente es responsabilidad de la misma su identificación y penalización”.
La resolución judicial surgió a partir de una denuncia penal de la AFIP contra Vicentin y sus responsables, presentada en agosto de 2020, luego de que en junio el Gobierno intentara, por decreto, intervenir y expropiar a la agroexportadora que se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2019. Finalmente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un segundo decreto por el cual desistió del intento de intervención.
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El organismo recaudador afirmó que en una fiscalización se detectaron maniobras fraudulentas sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos, solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
Pero desde la agroexprtadora aseguran que “de las declaraciones preliminares en el proceso judicial que se sustancia actualmente, ya se han registrado contundentes declaraciones de algunos de los propios funcionarios del organismo regulador que no han podido determinar la comisión de delito alguno por parte de la compañía ni tampoco determinar la motivación o beneficio aparente para que la empresa tuviera responsabilidad en la irregularidad que se le intenta atribuir”.
Destacaron que “el monto referido como ‘suma millonaria’ evadida o incumplida representa menos del 0,1 % de las operaciones registradas y declaradas por la empresa durante el período de referencia”.
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Y concluyeron que “una vez más queda a la vista que la empresa sigue siendo objeto de un recurrente y sistemático proceder político y judicial que busca afectar las posibilidades de recuperación de la compañía y que en nada contribuye a los genuinos esfuerzos y avances que la misma ha venido realizando en pos de reestructurar su deuda y alcanzar los acuerdos necesarios con sus acreedores”.
