Amén de la llegada de la pandemia y la cuarentena obligatoria debido al coronavirus, el año pasado, el sector agropecuario debió lidiar con distintos hechos vandálicos como rotura de silobolsas, abigeato, robo de maquinaria, incendios intencionales, entre otros, en distintos establecimiento del país.
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Ante la escala de delitos, en julio pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que incorpora la figura de “vandalismo rural” y en el que se establecen penas de prisión que se pueden extender hasta los cinco años.
“Para poder dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas de estos atentados a la propiedad, decidimos crear la figura del Vandalismo Rural”, explicó Massa en ese momento.
Según fuentes consultadas por TN.com.ar, el pliego, iniciativa impulsada por el tigrense y el legislador del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez que propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal, se trataría este mes en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) emitió un comunicado donde apoyó la creación de la figura con penas de prisión que oscilan entre los dos y cinco años.
“Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsa. Por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado debe dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, indica el texto de la entidad.
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Además, detalla que durante 2020 se han reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale, al menos a 5700 toneladas de granos dañados, y distintos hechos de robo de maquinaria, animales, agroquímicos, hasta usurpaciones e incendios intencionales, y recalca que “se está atentando contra la propiedad privada y contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta”.
“Los delitos rurales se multiplicaron en todo el territorio nacional, escalando cada vez más en cuanto al daño y al tipo de hechos. Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país”, afirma el documento.
Apoyo a la iniciativa
En ese sentido, el presidente de CRA, Jorge Chemes, dijo que el proyecto de ley es un objetivo que vienen planteando desde la entidad durante el segundo semestre del año pasado.
“Es una normativa que se necesita para cubra este tipo de delito porque en el Código Penal no existe una figura que tenga contundencia como la que puede tener este proyecto. Bienvenida sea con los ajustes que haya que hacerle, porque es una iniciativa necesaria para cubrir la actualidad delictiva que está ocurriendo en el sector agropecuario. Esperemos que sea tratado lo más rápido posible en la Cámara de Diputados”, afirmó Chemes.
El comunicado concluye: “Resulta imperioso que nos aboquemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para brindar a la justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública. Es así que el incendio y/o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y/o diferentes sitios y/o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales”.
