Un piloto de avión que sobrevoló una escuela rural luego de aplicar fitosanitarios en un campo aledaño, el ingeniero agrónomo que recetó esa pulverización y la responsable de la empresa de aeroaplicación fueron detenidos por orden del juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzzo.
Las tres personas serían responsables del hecho sucedido el miércoles 3 de marzo, a las 9:32 AM, mientras se daban clases en la Escuela Rural N°37 de Paraje Gornatti, Partido de Pergamino, tal como informó tn.com.ar oportunamente.
// Apenas se conoció el caso, los productores de la zona buscaron individualizar a los responsables
Un dato significativo es que los productores rurales y los aeroaplicadores de la zona fueron los que impulsaron la denuncia e investigación, para que se sancione a los responsables. “No queremos castigo a los justos por culpa de los pecadores”, explicaron enojados.
La primera prueba que tuvieron fue un video que grabó una maestra con su teléfono celular, desde el patio del establecimiento. En las imágenes no se ve que se arrojen líquidos sobre el área escolar, pero existe la sospecha de que se habría realizado una pulverización agrícola muy cerca de allí, sin la debida precaución de distancia.
Poco después, un grupo de productores rurales autoconvocados pidieron un urgente esclarecimiento. Y aseguraron: “Todos quienes hemos crecido y vivimos en el campo sentimos un profundo respeto por las escuelas rurales y nuestros niños”.
En ese sentido, promovieron el accionar judicial, aportaron datos del hecho y nombres de los involucrados. Con esa información, el municipio de Pergamino presentó tres denuncias, dos de ellas penales: ante las autoridades provinciales y un juez federal.
A partir de ello, se realizaron varios allanamientos y los dos varones detenidos permanecían demorados este viernes en la seccional local de la Policía Federal Argentina mientras que la mujer fue trasladada a una dependencia de la ciudad de San Nicolás.
Con todo, de comprobarse que la aeronave en cuestión estaba haciendo una aplicación de productos fitosanitarios, “se estaría ante un flagrante hecho delictivo”, resaltaron fuentes de la investigación al diario La Opinión de Pergamino.
Contexto nacional, provincial y municipal
A nivel nacional no impera una normativa única para todo el territorio. En la provincia de Buenos Aires, la más extensa del país en superficie agrícola, tampoco se han logrado homogeneizar las reglas sobre aplicación de fitosanitarios, que para los productores resultan fundamentales para controlar malezas, plagas y enfermedades de los cultivos.
Desde febrero pasado, y hasta el 17 de mayo, rige una tercera prórroga de suspensión de la Resolución 246/18, con la cual se buscó ordenar la regulación con adhesiones municipales. Esa medida fue impulsada por el Gobierno de María Eugenia Vidal, que inmediatamente también la suspendió por un año, luego de críticas desde sectores ambientalistas. Cuando asumió Axel Kicillof la prorrogó por otro año más, hasta febrero pasado, momento en que volvió a suspenderse por tres meses.
Así, el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que conduce Javier Rodríguez, apunta a encontrar consensos sobre reglas claras que preserven tanto la salud de personas y animales, el medioambiente y las actividades productivas. Y busca lograrlo a través de un Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) deberá sintetizar informes técnico-académicos y también escuchará a los productores rurales, quienes en general argumentan que con protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), y el castigo a quienes no las cumplan, como en caso referido, se pueden evitar restricciones generales.
Por ahora, la normativa bonaerense vigente establece que para las pulverizaciones aéreas “las empresas aplicadoras deberán operar a una distancia no menor de 2.000 metros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aun después de haber agotado su carga (artículo 38 del decreto reglamentario 499/91, de la Ley 10.699, de 1988). En principio, esa distancia en relación a la escuela 37 no se habría respetado.
Con todo, en medio de la presión social por el cuidado de la salud y el medioambiente, han empezado a regir diferentes normativas municipales. En el Partido de Pergamino -con una superficie de 300.000 hectáreas, en plena región central de la producción agropecuaria argentina- rige la ordenanza municipal 8126/14, que limita las aplicaciones con fitosanitarios en cercanías de zonas habitadas.
Esa ordenanza estipula que los fitosanitarios no se pueden aplicar a menos de 100 metros de casas y escuelas, y hasta los 600 metros de distancia se debe respetar una “zona de amortiguamiento” de 500 metros, en la que sólo es posible aplicar productos Banda Verde, clase toxicológica IV, según clasificación de SENASA. Además, estableció que las aplicaciones aéreas quedan sujetas a la normativa provincial vigente, ya referida; es decir, con restricción de 2000 metros.
Además, hay que tener en cuenta que para Pergamino también han surgido medidas judiciales más restrictivas todavía. El fallo judicial de Villafuerte Ruzo, de noviembre de 2019, estableció la prohibición para aplicaciones aéreas a 3.000 metros de casas y escuelas, y un límite de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres, en el marco de una causa impulsada por dos querellantes, Florencia Morales y Sabrina del Valle Ortíz, quienes acusaron daños en la salud de los miembros de su familia.
La situación preocupa y no se logran consensuar soluciones. Incluso es llamativo que no se destrabe una limitación que recayó en el área de la Estación Experimental del INTA Pergamino, donde por esta cuestión no se pueden realizar ensayos agronómicos de importancia nacional.
Por eso, los productores buscan “que se identifique y castigue a quienes hacen las cosas mal”. Y ratifican su “compromiso con la producción de alimentos para los argentinos y con el cuidado de la salud de toda la población”.
