La Verificación Policial del Automotor surge como un trámite clave a la hora de realizar la transferencia de un vehículo: con la documentación, el dueño del rodado confirma que no tiene impedimentos legales para llevar a cabo una eventual transacción. Por lo pronto, es necesario examinar el motor, el chasis y el tipo de coche, comparando cada parte con los datos oficiales entregados.
El proceso también es obligatorio en el caso de que se tenga que inscribir un auto nuevo por primera vez, como sería el caso de un cero kilómetro. Cada jurisdicción tiene sus diferencias en cuanto al procedimiento, pero lo cierto es que los requisitos son similares y hay que seguir una serie de pasos para avanzar con las gestiones.
En principio, hay que reservar el turno a través de la página web del distrito correspondiente, como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, se debe realizar el pago, efectuado previamente a la realización de la verificación: en la actualidad, la diligencia tiene un valor de $36.731, salvo para las motos, cuyo costo es considerablemente menor -$17.513-. La cifra, de todos modos, varía dependiendo del índice inflacionario cada cierto tiempo.
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Por supuesto, el sistema cuenta con diversas modalidades para ejecutar el arancel: se puede hacer mediante pago electrónico a distancia; en efectivo, con la respectiva impresión de la boleta en un Rapipago o Pago Fácil; y de manera presencial en la planta elegida, que acepta tarjeta de crédito y débito. Por lo pronto, como requisito principal es fundamental entregar algunas documentaciones.
Los requisitos para realizar la Verificación Policial del Automotor y qué puede pasar si no completo la transferencia
El propietario del vehículo tiene que llevar el DNI vigente, la licencia de conducir, el seguro del auto, la constancia de pago de la boleta impresa, y la cédula verde o azul. El trámite tiene una validez de 150 días hábiles administrativos, y tanto el grabado de autopartes como el dominio en los cristales son otros de los puntos a cumplir.
Además, el procedimiento permite evitar la comercialización de coches con irregularidades, lo que podría traerle problemas legales a las partes involucradas. Ocurre que, sobre todo en el caso de rodados usados, no completar la transferencia para cederle la titularidad a un tercero suele generar inconvenientes innecesarios.
En ese tipo de compraventas, si se produce un siniestro vial puede haber responsabilidad civil del vendedor, ya que seguiría siendo el dueño. Asimismo, aquel que se quedó con el auto está en riesgo de sufrir un posible embargo o el secuestro del vehículo, teniendo que enfrentarse a un juicio para recuperar lo pagado.
Los riesgos para los vendedores que no entregaron el vehículo y la documentación en condiciones
Por estas razones es que muchos compradores se atienen a solicitar un informe de dominio, con el objetivo de conocer si existe algún tipo de embargo, prenda u otras trabas. Incluso, algo similar sucede con las infracciones de tránsito o patentes, ya que no queda del todo claro quién debe hacerse cargo de la situación.
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Para colmo, si se demuestra que el propietario se desprendió de un coche en mal estado, puede verse forzado a devolver el dinero obtenido, reparar todo y compensar al damnificado por daños y perjuicios. Con una denuncia de venta, se lo insta a completar la transferencia en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la transacción, con una posible pena de prohibición de circulación.
