Tras la decisión del Gobierno de Mauricio Macri y las automotrices de posponer dos años la obligatoriedad del control de estabilidad como equipamiento de serie para los modelos nuevos que se vendan en Argentina, Latin NCAP, organismo encargado de hacer las pruebas de choque en la región, criticó duramente la decisión.
"El Gobierno debería haber antepuesto la seguridad de entre 1 a 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años comprarían un nuevo vehículo (...), ante el interés económico de unos pocos de demorar esta exigencia y ampliar sus ganancias por un tiempo más", sostuvo Alejandro Furas, secretario General de Latin NCAP.
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En un comunicado el organismo informó que hoy se dirigió a Presidencia de la Nación, Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para "solicitar a los responsables de que no sigan adelante con esta lamentable decisión".
El control de estabilidad (ESP o ESC por sus siglas en inglés) es el dispositivo de seguridad activa -aquellos que intervienen antes del accidente- más importante, porque es capaz de frenar individualmente cada rueda para evitar un derrape inminente. Según la Federación Internacional del Automóvil (FIA), puede evitar el 80% los accidentes provocados por la pérdida de control de un vehículo.
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En 2013 las principales automotrices de Argentina firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a incorporar el control de estabilidad de serie en los nuevos modelos desde enero de 2018.
Pero finalmente se pospuso dos años, según un Acta Acuerdo publicada en el Boletín Oficial el pasado 22 de diciembre. La firmaron el Ministerio de Transporte, Ministerio de Producción, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa).
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Off the record, en algunas automotrices afirman que el motivo es integrar la industria con Brasil, país donde el ESP iba a ser obligatorio el 2020. Según esta mirada, cuando Argentina acordó en 2013 ofrecerlo en 2018 lo hizo sin tener en cuenta a su socio del Mercosur.
"La postergación del requerimiento del ESC ignora a quienes han trabajado duramente por la seguridad vial y apoya a unos muy pocos que entienden que la seguridad vial es menos importante que sus propios beneficios económicos", conlcuyó Furas, de Latin NCAP.
